Víctimas del 19 de junio en Nochixtlán se deslindan del FPR y de Covic
Acusan a estas organizaciones de lucrar económica y políticamente con las víctimas
Las personas que resultaron heridas y los familiares de quienes murieron durante el desalojo violento el 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán, se deslindaron del Frente Popular Revolucionario (FPR) que fundó Germán Mendoza Nube, y de la Comisión de Víctimas por la Justicia y la Verdad (Covic) que dirige el profesor Santiago Ambrosio Hernández.
A través de un comunicado, los representantes de Ancelmo Cruz Aquino, Omar González Santiago y Silvano Sosa Chávez, quienes murieron por disparos de armas de fuego, así de como de quienes resultaron heridos de bala, precisaron que se deslindan sobre cualquier acción política, jurídica y de medios que haga a nombre de ellos.
En caso de que asesoren o acompañen a algunas víctimas del 19 de junio, que no los incluyan; los respeten y no obstaculicen el trabajo que han realizado ante organismos internacionales y nacionales.
“Solicitamos que ninguna organización política abandere y negocie en memoria de los caídos Ancelmo Cruz Aquino, Omar González Santiago y Silvano Sosa Chávez”, dijeron.
Según argumentaron, como sus familiares no están de acuerdo en que se utilice para fines políticos y económicos, “ya que en nombre de ellos se efectúan bloqueos como lo es en la caseta de Huitzo y piden cooperación sin que nosotros estemos enterados”.
Solicitaron, además, a la Procuraduría General de la Republica (PGR) que efectúe las investigaciones e integre debidamente los legajos de investigación con apego a sus denuncias ya presentadas y con interlocución directa de los que presentaron la denuncia y sus representantes legales.
“Fijamos nuestra postura al gobierno mexicano que cualquier interlocución sea en forma directa con nosotros, los sobrevivientes que seguimos un trámite legal debido. Hacemos del conocimiento que hemos iniciado una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dependiente de la OEA”, agregaron.
En la petición a la CIDH solicitaron que se investigue y sancione penalmente a los autores materiales e intelectuales de las ejecuciones extrajudiciales efectuadas el 19 de junio del 2016; modificación del derecho interno a partir de directrices internacionales; una reforma a la Constitución Política de México respecto del artículo 22 que garantice eficazmente el derecho a la vida y prohíba las ejecuciones extrajudiciales; una reforma al Código Penal federal y del Código Penal del Estado de Oaxaca, que tipifique el delito de ejecución extrajudicial.
Por otra parte, en caso de ser aprobada la Ley de Seguridad Interior que legitima el uso de la fuerza pública en México, solicitaron se abrogue y se adecúe a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos; se garantice en la legislación mexicana el derecho de manifestación y la libertad de expresión sin temor de que se les prive del derecho a la vida y a la integridad personal y reparar a las víctimas, mediante los criterios esbozados por la jurisprudencia de la CIDH de todos los daños y perjuicios ocasionados por la violación de los derechos humanos.
Informaron que los familiares de tres de las personas ejecutadas extrajudicialmente el 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán y un grupo de lesionados por disparos de arma de fuego decidieron seguir una ruta jurídica, en la exigencia de nuestros derechos.
Por ello, el 18 de agosto del 2017 presentaron a la PGR una denuncia individualizada de los hechos del 19 de junio de 2016, en la cual acusaron directamente a los responsables materiales e intelectuales por los delitos de genocidio, homicidio y tentativa de homicidio y otros.
Y con fecha 12 de junio de 2017 presentaron ante la CIDH el caso sobre seis ejecuciones extrajudiciales y solicitaron una medida cautelar para prevenir daños irreparables.
El comunicado fue suscrito por José Luis Cruz Aquino, Gildardo González Santiago, Gildardo González Santiago, Elisabeth Méndez Daza, Héctor López Rodríguez y Luis Bautista Hernández, representantes de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales y de los lesionados por armas de fuego.
