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Mientras que la tasa de víctimas de corrupción por cada mil elementos de policía durante el desempeño de sus funciones en 2017, fue de 75 por cada mil policías: 35 por cada mil policías por sobornos de ciudadanos y cinco por cada mil, extorsión por compañeros o superiores.
La ENECAP también mostró que 43 por ciento de los integrantes de las corporaciones de seguridad pública municipal y estatal no contaron con los ingresos suficientes para satisfacer necesidades básicas de sus hogares, como tener suficiente comida diariamente, comprar medicinas y pagar atención médica, comprar ropa y calzado, pagar deudas, comprar útiles escolares o pagar colegiaturas, pagar el mantenimiento de la casa, ahorrar y realizar actividades de ocio y esparcimiento.
Durante 2017, en Oaxaca el 70.5% de los elementos de policía estatal y municipal se trasladó a su trabajo en transporte público, 23.7% en vehículo particular, 2.7% en patrulla o en vehículo oficial y 3.1% a pie.
Además, los policías en el estado laboraron en promedio 82 horas a la semana, es decir, 14 horas diarias; casi el doble de las ocho horas que por ley se establece como el tiempo diario máximo que deben cubrir los trabajadores.
El 88.3% ingresó a las corporaciones de seguridad pública con exámenes de ingreso o de control de confianza para poder ser admitidos y el 70.9% con funciones operativas realizó regularmente prácticas con armas de fuego durante 2017.
La encuesta también reveló que 88.9% de los policías con funciones operativas obtuvieron por cuenta propia al menos un accesorio o material de apoyo o protección para el desempeño de sus funciones.
En tanto que 5.6% de elementos de policía con funciones operativas que utilizaron uniforme en el desempeño de sus funciones obtuvieron por cuenta propia al menos una prenda o accesorio del mismo, por entidad federativa y el 1.6% utilizaron armas, municiones o accesorios para armamento para el desempeño de sus funciones.
Otra de la información que arrojó la ENECAP fue que el 6.7% de los policías disparó a una o más personas con un arma de fuego en el desempeño de sus funciones; 25.1% fue víctima de algún delito o conducta antisocial.
