Asume Adán Córdova titularidad del CPC del Sistema Estatal Anticorrupción

Esta mañana, Adán Córdova Trujillo tomó protesta como presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, en sustitución de María Isabel Chagoya Méndez.

El cargo lo ocupará del 16 de enero de 2019 al 16 de enero de 2020, se informó durante la sesión pública realizada en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción en San Sebastián Tutla, Oaxaca.

Adán Córdova afirmó que el sistema no es una oficina ni una persona, sino un conjunto de instituciones que se coordinan entre sí para prevenir, combatir y sancionar la corrupción y las faltas administrativas de servidores públicos.

“La responsabilidad de combatir la corrupción en México y en Oaxaca es de todas y todos, iniciando por la ciudadanía. Si el Presidente de la República asegura que hay que combatirla como al barrer las escaleras de arriba hacia abajo, nos corresponde participar en ello utilizando las herramientas que nos brindan las instituciones”, expresó.

Recordó que el Comité de Participación Ciudadana es el representante de la sociedad en el Sistema y tiene la misión de dirigirlo a través de su Presidencia “porque en este modelo la ciudadanía es la que encabeza el combate a la corrupción” y van más allá que las de un órgano consultivo, ya que asume responsabilidades en la operación de todo el Sistema.

El nuevo presidente del CPC informó que durante su periodo se enfocarán en la implementación de  herramientas tecnológicas para que la sociedad participe en la prevención y denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción; así como generar bases de información para la medición y seguimiento del fenómeno de la corrupción.

Así como en la integración del registro voluntario de las organizaciones de la sociedad civil que deseen colaborar de manera coordinada con el Comité de Participación Ciudadana para establecer una red de participación ciudadana y en, proponer mecanismos de articulación entre las instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, la academia y la ciudadanía.

Y finalmente, en establecer las reglas y procedimientos mediante los cuales se recibirán las peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas que la sociedad civil pretenda hacer llegar al Órgano Superior de Fiscalización del Estado.

“Vivimos una etapa de transformaciones en la vida pública que pasan por una nueva concepción moral del servicio público, así como por una reingeniería financiera y administrativa que permitirá la participación de la población”, dijo.