Alerta de género en Oaxaca: ¿Falta presupuesto o voluntad política?

Pese a que Finanzas autorizó mayores recursos, las dependencias no han transparentado montos, dice Congreso

Ilustración: Dante de la Vega
Estatal 16/01/2020 09:36 Christian Jiménez Oaxaca de Juárez, Oaxaca Actualizada 09:36

Angélica Flores fue asesinada   en Santiago Juxtlahuaca el 4 de diciembre de 2018. Su cuerpo yacía entre las piedras del Río Mixteco luego de que Margarito “N” la sometió  para abusar sexualmente de ella,  la mató  a golpes en la cabeza y luego la lanzó al río. Tenía 13 años y fue atacada cuando se dirigía a la escuela.

El asesinato de Angélica se cometió   tres meses después  de que el Gobierno de Oaxaca aceptó la declaratoria de Alerta por Violencia de  Género, emitida por la  Secretaría de Gobernación (Segob) el 31 de agosto de 2018 para 40 municipos.

Durante todo 2019, y hasta hoy, han sido pocos los avances en su implementación, pues se argumentó  que ese ese año  no se asignaron recursos suficientes  para echarla a andar.

Para este 2020 la situación parece distinta, pues  el presupuesto para las dependencias encargadas de atendar  la alerta fue aprobado en tiempo y forma, y se destinaron 15 millones de pesos para el Eje Transversal de Equidad de Género del Plan Estatal de Desarrollo; sin embargo, hasta ahora  no se ha dado a conocer y no hay claridad sobre   cómo se atenderá a la violencia que no cesa  contra las mujeres.

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De acuerdo con datos del Grupo de Estudios Sobre la Mujer Rosario Castellanos (GES Mujer), desde que se declaró la Alerta de Género para Oaxaca, han sido asesinadas de forma violenta  169 mujeres en diferentes regiones de la entidad, incluidos municipios donde no fue emitida; 135 casos se registraron en  2019.

 Al respecto, GES Mujer apunta que desde la declaratoria 35% del total de las muertes de mujeres, como la de Angélica, se registraron en municipios sin alerta,  lo que podría interpretarse como resultado de  la falta  de acciones contundentes para frenar la violencia de género, lo que  ha propiciado que ésta se extienda.

La ciudadanía considera que existe impunidad porque no se castiga como corresponde a los responsables

 Así lo piensa Angélica Ayala Ortiz, presidenta de Ges Mujer, quien   señala que para 2020 es necesario que los recursos se destinen a  atender de forma prioritaria la problemática que viven las mujeres “ ante los elevados niveles de violencia feminicida”. Y que  deben destinarse a su   “prevención, atención, sanción y erradicación”.

Este año, dicha responsabilidad recaerá en  las secretarías General de Gobierno,  de Seguridad Pública y de la Mujer Oaxaqueña, así como en  la Fiscalía General  y el Tribunal Superior de Justicia, dependencias a las que la Secretaría de Finanzas otorgó un aumento presupuestal para implementar la perspectiva de género.  

Pese a dicho incremento, la diputada morenista Hilda Pérez Luis señala que  hasta el momento el Congreso local  no cuenta con el detalle del presupuesto y su asignación por lo que asegura que cuando los titulares de estas dependencias comparezcan ante el pleno, se les  solicitará  que transparenten el monto recibido para la alerta  y cómo lo aplicarán.

“Las dependencias  no han dado la importancia debida y tampoco la atención a los feminicidios en el estado”,  dice la legisladora, quien acota que el actual sexenio  acumula 373 feminicidios, de los cuales  sólo se  han tipificado como tal  unos cuantos.  

Ante ello, urge a que se implementen políticas públicas enfocadas  a mujeres que viven violencia, a capacitar cuerpos de seguridad que  atienden  las denuncias y a   las víctimas colaterales de los feminicidios.

Lo anterior porque en Oaxaca, familias como la de Angélica,  con  oficios poco remunerados, no reciben reparación del daño, ni atención sicológica tras el asesinato  de hijas, hermanas o madres.

“La fiscalía es la instancia que debe alzar la voz por nosotras (...) pero la ciudadanía considera que existe  impunidad porque no se castiga como corresponde a los responsables de feminicidio y violencia de género”, dice.

Esto se debe a falta de voluntad política, que  se refleja en nula  rendición de cuentas sobre uso de recursos y  la controversia sobre  cifras de feminicidio  entre asociaciones civiles y dependencias, dice la presidenta del GES Mujer.

“El Estado tendría que hacerse responsable de implementar políticas para  garantizar la integridad de las mujeres violentadas”, concluye Pérez Luis
 

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