Alerta de género en Oaxaca: ¿Falta presupuesto o voluntad política?
Pese a que Finanzas autorizó mayores recursos, las dependencias no han transparentado montos, dice Congreso
Angélica Flores fue asesinada en Santiago Juxtlahuaca el 4 de diciembre de 2018. Su cuerpo yacía entre las piedras del Río Mixteco luego de que Margarito “N” la sometió para abusar sexualmente de ella, la mató a golpes en la cabeza y luego la lanzó al río. Tenía 13 años y fue atacada cuando se dirigía a la escuela.
El asesinato de Angélica se cometió tres meses después de que el Gobierno de Oaxaca aceptó la declaratoria de Alerta por Violencia de Género, emitida por la Secretaría de Gobernación (Segob) el 31 de agosto de 2018 para 40 municipos.
Durante todo 2019, y hasta hoy, han sido pocos los avances en su implementación, pues se argumentó que ese ese año no se asignaron recursos suficientes para echarla a andar.
Para este 2020 la situación parece distinta, pues el presupuesto para las dependencias encargadas de atendar la alerta fue aprobado en tiempo y forma, y se destinaron 15 millones de pesos para el Eje Transversal de Equidad de Género del Plan Estatal de Desarrollo; sin embargo, hasta ahora no se ha dado a conocer y no hay claridad sobre cómo se atenderá a la violencia que no cesa contra las mujeres.
De acuerdo con datos del Grupo de Estudios Sobre la Mujer Rosario Castellanos (GES Mujer), desde que se declaró la Alerta de Género para Oaxaca, han sido asesinadas de forma violenta 169 mujeres en diferentes regiones de la entidad, incluidos municipios donde no fue emitida; 135 casos se registraron en 2019.
Al respecto, GES Mujer apunta que desde la declaratoria 35% del total de las muertes de mujeres, como la de Angélica, se registraron en municipios sin alerta, lo que podría interpretarse como resultado de la falta de acciones contundentes para frenar la violencia de género, lo que ha propiciado que ésta se extienda.
La ciudadanía considera que existe impunidad porque no se castiga como corresponde a los responsables
Así lo piensa Angélica Ayala Ortiz, presidenta de Ges Mujer, quien señala que para 2020 es necesario que los recursos se destinen a atender de forma prioritaria la problemática que viven las mujeres “ ante los elevados niveles de violencia feminicida”. Y que deben destinarse a su “prevención, atención, sanción y erradicación”.
Este año, dicha responsabilidad recaerá en las secretarías General de Gobierno, de Seguridad Pública y de la Mujer Oaxaqueña, así como en la Fiscalía General y el Tribunal Superior de Justicia, dependencias a las que la Secretaría de Finanzas otorgó un aumento presupuestal para implementar la perspectiva de género.
Pese a dicho incremento, la diputada morenista Hilda Pérez Luis señala que hasta el momento el Congreso local no cuenta con el detalle del presupuesto y su asignación por lo que asegura que cuando los titulares de estas dependencias comparezcan ante el pleno, se les solicitará que transparenten el monto recibido para la alerta y cómo lo aplicarán.
“Las dependencias no han dado la importancia debida y tampoco la atención a los feminicidios en el estado”, dice la legisladora, quien acota que el actual sexenio acumula 373 feminicidios, de los cuales sólo se han tipificado como tal unos cuantos.
Ante ello, urge a que se implementen políticas públicas enfocadas a mujeres que viven violencia, a capacitar cuerpos de seguridad que atienden las denuncias y a las víctimas colaterales de los feminicidios.
Lo anterior porque en Oaxaca, familias como la de Angélica, con oficios poco remunerados, no reciben reparación del daño, ni atención sicológica tras el asesinato de hijas, hermanas o madres.
“La fiscalía es la instancia que debe alzar la voz por nosotras (...) pero la ciudadanía considera que existe impunidad porque no se castiga como corresponde a los responsables de feminicidio y violencia de género”, dice.
Esto se debe a falta de voluntad política, que se refleja en nula rendición de cuentas sobre uso de recursos y la controversia sobre cifras de feminicidio entre asociaciones civiles y dependencias, dice la presidenta del GES Mujer.
“El Estado tendría que hacerse responsable de implementar políticas para garantizar la integridad de las mujeres violentadas”, concluye Pérez Luis
