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Desde principios de 2018, cuando Juan Díaz Pimentel asumió por poco tiempo la titularidad de los SSO en la actual administración, se informó que de 2013 a 2017 en la dependencia se desviaron 2 mil 450 millones de pesos, por concepto de evasión fiscal, y mil 700 millones de pesos que debieron usarse para el pago de terceros institucionales y no institucionales que, en cambio, se destinaron a salarios de aviadores, trabajadores contratados ilegalmente y de comisionados al sindicato.
El subsecretario de Auditoría y Supervisión de Obra de la SCTG, Eduardo Cruz Sánchez, detalló que, según auditorías, de 2013 a 2016 los SSO dejaron de pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que se descuenta a los trabajadores vía nómina y que debe ser integrado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Sistema de Administración Tributaria.
Es decir, la dependencia debe ese dinero al SAT, por lo que de acuerdo con el Código Penal Federal, se configuró el delito de defraudación fiscal “al no haber entregado en tiempo y forma los impuestos”.
Además, se encontró que los mil 700 millones de pesos desviados provenían de recursos que se retenían a los trabajadores, también vía nómina, y se debían destinarse al pago de terceros, como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Fondo de Vivienda del ISSSTE (Fovissste), el Fondo de Pensiones y Afores. Por este desvío se configuró el delito de peculado.
“Tenemos detectado que en noviembre de 2016, el SAT le notifica a los SSO el incumplimiento en el pago de mil 350 millones de las retenciones a salarios y honorarios, así como a arrendamientos, por lo que les finca un crédito por ese monto. Una resolución que ya tiene firme la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, dice Cruz Sánchez.
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Del sexenio anterior, los SSO ya arrastraban observaciones sin solventar que ascienden a más de 2 mil 100 millones de pesos: cerca mil millones observados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y más de mil millones, por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
A ello se suman los 4 mil millones que la SCTG calcula que en total se adeudan por los nuevos delitos que ahora se le imputan a la dependencia. Además, también se encontraron irregularidades en la licitación de obras en clínicas, centros de salud y hospitales, en los que no se respetó la normatividad establecida y que podría derivar en sanciones administrativas e investigaciones penales.
Díaz Navarro afirmó que esta nueva demanda penal contra Germán Tenorio, por daño patrimonial de mil 600 millones de pesos, hará difícil que el ex funcionario pueda obtener su libertad, pues ya se ha traducido en un descuento de 200 millones mensuales que hace la SHCP desde 2018 a las participaciones federales que recibe la entidad, para recuperar el dinero que debió pagarse al SAT sólo en 2014.
