Inviable la Ley de Gobierno Digital propuesta por el gobernador

El Centro de Estudios Económicos y Finanzas Públicas (CEEFP) del Congreso de Oaxaca aseguró que la iniciativa presentada por el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, para crear la Ley de Gobierno Digital es inviable porque no precisa los recursos presupuestales necesarios para implementarla, además de la insuficiencia tecnológica y presupuestal de quienes establece como sujetos obligados.

Murat Hinojosa presentó esta iniciativa el pasado 11 de abril de 2019 con la que obliga a las diferentes dependencias y organismos gubernamentales, así como a los municipios del estado, a contar con infraestructura tecnológica que les permita “participar en los procesos de automatización, interoperabilidad técnica e implementación de la identidad digital” para la prestación de trámites y servicios.

Para ello, según la iniciativa, los sujetos obligados deberán prever dentro de sus programas operativos anuales los recursos financieros para la adquisición de infraestructura.

Pero según el Centro de Estudios, esto implicaría un aumento en los gastos específicamente de los ayuntamientos de zonas marginadas y porque Oaxaca es uno de los estados más pobres del país, y sostiene que en gran parte sus ayuntamientos “están integrados por campesinos que carecen de los conocimientos básicos en tecnologías, y la mayoría tiene como idioma sus lenguas originarias “ya que el español no lo dominan en su totalidad”.

A esto se suma que algunos aún carecen de internet. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 44 municipios de Oaxaca no cuentan con internet ni equipo de cómputo.

La iniciática también propone abrogar la Ley de Firma Electrónica Avanzada del Estado de Oaxaca vigente desde octubre de 2016, porque debido a su complejidad de su estructuración y la falta de inversión en el rubro de tecnologías de los sujetos obligados, resultó inoperable.

El mandatario estatal, señala el CEEFP, debió realizar un análisis del costo que implicaría la aplicación de la Ley del Gobierno Digital para saber de dónde provendrán los recursos que cubrirán el costo de este proyecto.

Si bien apunta que es importante posicionar al estado a la vanguardia tecnológica, asegura que es insuficiente el avance tecnológico de los sujetos obligados y principalmente en los ayuntamientos, quienes carecen de capacidad en infraestructura tecnológica y tienen insuficiencia presupuestal porque imperan necesidades sociales como electrificación, agua potable y salud, entre otras.

Finalmente, señala que es necesario que se establezca en la iniciativa los elementos que requieren los sujetos obligados para aplicar la ley y precisar de dónde se obtendrán los recursos para adquirirlos y poder cumplir con lo que se pretende establecer en la nueva legislación propuesta por Murat Hinojosa.