Las investigaciones sobre la represión en Asunción Nochixtlán, ocurrida el 19 de junio de 2016, buscan revelar la cadena de mando, con el fin de fincar responsabilidades penales en contra de los funcionarios de alto nivel que participaron en la denominada Operación Oaxaca.

A cuatro años del desalojo violento en el que se documentaron violaciones a los derechos humanos, el abogado de las víctimas, Darinel Blas García, detalla que también buscan responder quién dio la orden a las corporaciones de seguridad para  que ingresaran a Nochixtlán, cuando ya habían cumplido su objetivo: liberar la carretera federal Cuacnopalan-Oaxaca, bloqueada por miembros y simpatizantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

“Aparte del comisionado de la Policía Federal, hubo funcionarios públicos de más arriba que  giraron órdenes para la realización del operativo. Si bien, el grupo de Operación Oaxaca  tomó decisiones para la ejecución del operativo,  también recibieron órdenes para materializarlas”, explica.

Aquel 19 de junio,  en Nochixtlán se  confrontaron  habitantes, simpatizantes e integrantes de la Sección 22 —que se manifestaban contra la reforma educativa del entonces presidente Enrique Peña Nieto— contra fuerzas de seguridad pública estatal y federal. 

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Este enfrentamiento fue el resultado de un operativo policial   para retirar los tres bloqueos carreteros que impedían la circulación en la autopista 135 D México–Oaxaca y en la carretera federal 190.

Resultados fatales

Según cifras oficiales, hubo siete muertos y decenas de lesionados en Noxhixtlán, Huitzo, y Hacienda Blanca y Viguera;  además de 174 pobladores heridos, 30 por arma de fuego.

Otros 25 habitantes sufrieron daños  en sus vehículos, casas, locales  y cultivos, por los que se iniciaron 13 carpetas de investigación;  otras  10,  por daños a oficinas y dependencias de gobierno.  En total,  23 procedimientos penales.

Respecto a los policías: 106  lesionados, cuatro por arma de fuego.

Blas García  explica que la Fiscalía General de la República (FGR), obligada por el Poder Judicial de la Federación, ordenó la comparecencia de Enrique Galindo Ceballos,  entonces comisionado General de la Policía Federal. 

Pero con la nueva información de la investigación, la FGR también citó, a propuesta de las víctimas, al exgobernador Gabino Cué y a Renato Sales Heredia, excomisionado Nacional de Seguridad en el gobierno de Peña Nieto.

Ésto se suma a las entrevistas desahogadas en la investigación, con testimonios de  policías federales y estatales que estuvieron al frente del operativo, entre los que destacan Jorge Alberto Ruiz Martínez, exsecretario de Seguridad Pública, y Carlos Santiago Carrasco, exsecretario General de Gobierno, ambos funcionarios del gobierno de Cué; así  como Raúl Salcedo Rosales, actual titular de Seguridad Pública de Oaxaca.

El abogado detalla que ellos brindaron información útil, porque les ha permitido conocer cómo se  conformó la cadena de mando y cómo se dieron las instrucciones desde el gobierno federal y estatal.

“Los mismos funcionarios han revelado que recibieron instrucciones. Ese grupo de Operación Oaxaca empezó a funcionar desde antes del 19 de junio y sesionó el día 18, a las 12 del día y a las tres de la tarde, en  dos lugares diferentes. Desde el Centro de Mando de la Policía Federal estuvieron monitoreando, ellos pudieron tomar decisiones para terminar el operativo y no lo hicieron”, explica.

Lo anterior, apunta, porque hay algo inexplicable hasta ahora dentro de la investigación. Agrega  que el bloqueo se quitó en alrededor de 10 minutos, porque era un operativo de 850 elementos contra 40 personas, la mayoría mujeres, que estaban  protestando; sin embargo, los elementos policiacos ingresaron a Nochixtlán y ahí es donde se tiene que seguir investigando.

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“¿Por qué no terminó el operativo en el momento en que se desbloqueó la autopista? Hay una instrucción y la investigación es saber quién la giró. Si el bloqueo era en la autopista, ¿por qué ingresaron a Nochixtlán?”.

El abogado afirma que  aún falta mucho por investigar, pero depende de la disposición del gobierno federal. 

Durante tres años, asegura que han encontrado bloqueo de la FGR y se dieron cuenta que la principal obstaculización estaba aquí en Oaxaca, a través del delegado estatal de la FGR y sus ministerios públicos: “Pedimos  que no interviniera más el delegado estatal y que se  sacara la investigación de acá; ahorita está en las oficinas centrales” señala.

Agrega que la FGE ha incurrido en violaciones a la ley porque no ha habido una investigación diligente, no ha sido apegada a un plazo razonable y no ha sido imparcial, ni  objetiva: “Todo eso que el Ministerio Público hizo mal, lo estamos componiendo a través del esfuerzo de las víctimas y de los abogados”, finaliza.