A cuatro años del desalojo violento en el que se documentaron violaciones a los derechos humanos, el abogado de las víctimas, Darinel Blas García, detalla que también buscan responder quién dio la orden a las corporaciones de seguridad para que ingresaran a Nochixtlán, cuando ya habían cumplido su objetivo: liberar la carretera federal Cuacnopalan-Oaxaca, bloqueada por miembros y simpatizantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
“Aparte del comisionado de la Policía Federal, hubo funcionarios públicos de más arriba que giraron órdenes para la realización del operativo. Si bien, el grupo de Operación Oaxaca tomó decisiones para la ejecución del operativo, también recibieron órdenes para materializarlas”, explica.
Este enfrentamiento fue el resultado de un operativo policial para retirar los tres bloqueos carreteros que impedían la circulación en la autopista 135 D México–Oaxaca y en la carretera federal 190.
Según cifras oficiales, hubo siete muertos y decenas de lesionados en Noxhixtlán, Huitzo, y Hacienda Blanca y Viguera; además de 174 pobladores heridos, 30 por arma de fuego.
Otros 25 habitantes sufrieron daños en sus vehículos, casas, locales y cultivos, por los que se iniciaron 13 carpetas de investigación; otras 10, por daños a oficinas y dependencias de gobierno. En total, 23 procedimientos penales.
Respecto a los policías: 106 lesionados, cuatro por arma de fuego.
Blas García explica que la Fiscalía General de la República (FGR), obligada por el Poder Judicial de la Federación, ordenó la comparecencia de Enrique Galindo Ceballos, entonces comisionado General de la Policía Federal.
Ésto se suma a las entrevistas desahogadas en la investigación, con testimonios de policías federales y estatales que estuvieron al frente del operativo, entre los que destacan Jorge Alberto Ruiz Martínez, exsecretario de Seguridad Pública, y Carlos Santiago Carrasco, exsecretario General de Gobierno, ambos funcionarios del gobierno de Cué; así como Raúl Salcedo Rosales, actual titular de Seguridad Pública de Oaxaca.
El abogado detalla que ellos brindaron información útil, porque les ha permitido conocer cómo se conformó la cadena de mando y cómo se dieron las instrucciones desde el gobierno federal y estatal.
Lo anterior, apunta, porque hay algo inexplicable hasta ahora dentro de la investigación. Agrega que el bloqueo se quitó en alrededor de 10 minutos, porque era un operativo de 850 elementos contra 40 personas, la mayoría mujeres, que estaban protestando; sin embargo, los elementos policiacos ingresaron a Nochixtlán y ahí es donde se tiene que seguir investigando.
“¿Por qué no terminó el operativo en el momento en que se desbloqueó la autopista? Hay una instrucción y la investigación es saber quién la giró. Si el bloqueo era en la autopista, ¿por qué ingresaron a Nochixtlán?”.
El abogado afirma que aún falta mucho por investigar, pero depende de la disposición del gobierno federal.
Agrega que la FGE ha incurrido en violaciones a la ley porque no ha habido una investigación diligente, no ha sido apegada a un plazo razonable y no ha sido imparcial, ni objetiva: “Todo eso que el Ministerio Público hizo mal, lo estamos componiendo a través del esfuerzo de las víctimas y de los abogados”, finaliza.