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Esto sobre todos ante la serie de quejas o denuncias recibidas en el organismo institucional sobre las graves y sistemáticas violaciones que han sufrido en esa región, instancias y comunidades organizadas por parte de los militares.
Luego de aclarar que no ponen en duda los argumentos y explicaciones de Peimbert Calvo, los consejeros consideraron que la Defensoría de los Derechos Humanos tiene otros instrumentos jurídicos, que le permiten ser una voz contundente para denunciar y exigir el respeto a los derechos humanos.
Entre ellos, emitir alertas tempranas, recomendaciones e incluso solicitar la coadyuvancia de otras instancias nacionales e internacionales.
Los consejeros indicaron que entre las principales violaciones --que son conocimiento de esta Defensoría-- destacan el derecho a la seguridad jurídica, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación.
El rechazo con respecto a que se mantenga por un tiempo más la presencia del Ejército, obedece a experiencias anteriores donde su estancia no ha garantizado la seguridad y por el contrario se han denunciado casos de acoso sexual hacia mujeres, principalmente jóvenes, abundaron.
Recientemente y a través de un comunicado, Peimbert Calvo pidió la presencia del Ejército en el Istmo, principalmente en Juchitán, para brindar seguridad a la población.
