Sin rastro de 140 mdp que dieron a municipios

Un total de 57 de los 570 ayuntamientos de Oaxaca  no comprobaron en qué o cómo  gastaron más de 140 millones de pesos que estaban destinados y debieron aplicarse en obras de infraestructura social para beneficiar a la población de dichos  municipios, según el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

De acuerdo a la revisión que realiza el órgano federal de fiscalización, las obras públicas que debieron realizar las autoridades municipales van desde la construcción de infraestructura para  faciliar el acceso al agua potable, al servicio de  drenaje y letrinas,  así como para trabajos de urbanización y  electrificación rural.

Dichos recursos también estaban etiquetados para   obras en  colonias pobres, como  infraestructura básica de sectores como   Salud y  Educativo, así como  el mejoramiento de vivienda.

De acuerdo la ASF, la Secretaría de Finanzas  estatal transfirió a estos 57 municipios recursos   del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2018,  por un monto de 140 millones 247 mil 300 pesos; sin embargo, de ese total   sólo se presentó documentación que comprobara y respaldara  el empleo de   79 millones 330 mil 900 pesos.

No obstante, aún en los casos en los que los ayuntamientos  sí presentaron documentos, las autoridades municipales no acreditaron que efectivamente las obras que debieron realizar  estén terminadas, operando y cumplan con los objetivos del FISE 2018.

A esto se añaden otros 60 millones 916 mil 300 pesos de los que  estos municipios no presentaron ningún tipo de documento que comprobara que efectivamente se aplicaron en obras de infraestructura social para sus habitantes.

Las autoridades municipales implicadas en la probable malversación de estos  recursos públicos son la de Asunción Cacalotepec, Asunción Ixtaltepec, Chalcatongo Hidalgo, Magdalena Mixtepec, Santiago Pinotepa Nacional, Mesones Hidalgo, San Agustín Amatengo, San Andrés Ixtlahuaca, San José Tenango y Teotitlán del Vale, entre otros.

Según sus objetivos, el FISE es un fondo a través del cual se asignan recursos para obras y acciones que “beneficien preferentemente a la población de los municipios, demarcaciones territoriales y localidades que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema en la entidad”.

Datos del Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) indican que en Oaxaca  el número de personas en esa situación de pobreza  en Oaxaca es de 2.7 millones,  que representa  66.4% de la población del estado, es decir, seis de cada 10 oaxaqueños la padecen.

Mientras que en situación de pobreza extrema  viven al menos 951 mil 848 personas, es decir,  23.3% de la población.

Perjuicio  

De acuerdo con la ASF, las autoridades municipales no fueorn las únicas que recibieron dinero público sin comprobar su destino.  También se transfirieron recursos a la  Comisión Federal de Electricidad (CFE), por un importe de 36.7  millones de  pesos, donde tampoco se tiene documentación comprobatoria y justificativa del gasto.

Si se suman los recursos transferidos a los municipios  y a la CFE sin comprobar, suma  un total de más de  177 millones de  pesos de los que no se  cumplió  con la documentación comprobatoria y justificativa, que permitan verificar  que las obras o acciones existan  y que se ejercieron en los tiempos establecidos por la normativa.

Sobre el tema,  el Gobierno de Oaxaca, apunta la ASF, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de este organismo, entregó documentación consistente en facturas, contratos y algunos estados de cuenta bancarios y de su análisis; sin embargo, y pese a ello, la ASF concluyó que no es suficiente y que no tiene el orden requerido para su revisión.

Por ello,  la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de la entidad informó que inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente DQDI-B/1089/2019.

 “Por lo que se da como promovida esta acción y queda pendiente de aclarar el importe observado”, advierte la ASF.

Agrega que, por estas irregularidades, se presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por  más de 177 millones de pesos,  más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación.