Fiscalías ignoran a periodistas

Montserrat Peralta

Tres secuestros. Tortura. Amenazas de muerte. Campañas de desprestigio. Así “vivió” Gildo Garza por más de una década en uno de los estados más peligroso para ser periodista. Tamaulipas era su casa, pero por poco se convirtió en su tumba. En este lugar, desde hace más de una década, el crimen organizado y el gobierno atacan por igual a los comunicadores.

A mediados de 2017 llegó la última amenaza: “Tienes unas horas para dejar Tamaulipas. Si no, te matamos a tu familia y hasta al perro”. En la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) le dijeron que la agresión venía del estado, pero no podían probarlo. Gildo llevaba varios años denunciando la corrupción que encerraba el gobierno tamaulipeco. Eso fue suficiente. Con unas cuantas maletas, abandonó su hogar y se fue a la Ciudad de México con su familia.

En la capital buscó a varias autoridades, pero en ese peregrinar se dio cuenta de que “hay casos de primera, segunda y tercera clase. No es lo mismo llegar de un medio grande que de uno pequeño”. Así recurrió a la CNDH. Como él, 640 periodistas tocaron la misma puerta entre 2006 y septiembre de 2018, de acuerdo con datos obtenidos vía transparencia por EL UNIVERSAL. En tres de cada 10 de estas quejas —es decir, 191—, aparece una de las máximas autoridades de procuración de justicia: la Fiscalía General de la República (FGR). Los principales motivos: no integrar de manera adecuada las carpetas de investigación, faltas en el desempeño de sus funciones o prestar indebidamente el servicio público.

Una situación similar ocurre con las fiscalías de los diferentes estados. En la mitad de las 158 quejas en las que se enlista a alguna de éstas, los motivos son las irregularidades y deficiencias al momento de construir los expedientes.

Las principales instituciones encargadas de velar por la justicia son las más sordas y ciegas ante las agresiones que sufren los periodistas. “Descubrimos que hay omisiones en la actuación, indebida diligencia y que incluso hay averiguaciones previas que llevan más de 15 años”, explica Édgar Corzo, quinto visitador de la CNDH.

En 2011 se registró la cifra más alta: un total de 66 quejas. El 33% ocurrieron en la Ciudad de México, Veracruz y Chihuahua. Ese año, la Policía Federal encabezó la lista: en los siete casos se le acusó del empleo arbitrario de la fuerza pública.

De las más de 600 quejas que tiene la comisión, sólo en 25 se logró una recomendación por parte del organismo, las cuales se emitieron principalmente en casos de periodistas que residen en Guerrero, Chihuahua, Ciudad de México, Tamaulipas, Puebla, Aguascalientes y Coahuila. De éstos, tres son considerados como los sitios más peligrosos para ejercer periodismo. Del año 2000 a 2018, en Guerrero se tiene el registro oficial de 14 homicidios de comunicadores; esta cifra es la misma que en Tamaulipas. Mientras, Chihuahua se posiciona como el primer lugar con 15 asesinatos, según datos de la Feadle.

Los altos grados de inseguridad y la falta de empatía que encuentran en las autoridades locales, y muchas veces en las federales, hacen que la CNDH se convierta en una opción para que los periodistas logren visibilizar sus casos.

Gildo llegó a la CNDH cargando una campaña de desprestigio en su contra. En la Feadle no tenían forma de comprobar que los responsables eran parte del gobierno. Estaba solo en esta pelea.

“Los revoltosos”

Los habitantes de Tetela del Volcán, en Morelos, se unieron para crear una radio comunitaria que denunciara el “caldo de cultivo de problemas” que azotaba la zona. Jesús Medina fue el que tomó las riendas del proyecto. Historias de tala clandestina, minería irregular, contaminación del agua y altos grados de marginación eran los principales temas.

El proyecto radiofónico tenía como objetivo principal servir como medio de denuncia y eso era lo que estaban haciendo, al menos hasta septiembre de 2017, cuando Jesús fue amenazado: “Te estás metiendo con el gobierno, hijo de tu puta madre. Te va a cargar la verga”, le gritaron desde una camioneta que estaba estacionada afuera de su casa. Desde ese día un vehículo vigiló su hogar.

Ahí no paró. Días después intentaron arrollarlo. Después de eso, tuvo que tomar el mismo camino que cientos de colegas: huir de su estado. Actualmente tiene abiertas dos carpetas de investigación en la FGR, pero la única respuesta que obtiene es que están investigando: “Si no hay dinero, todo camina muy lento”, dice.

De las más de 600 quejas que llegaron a la CNDH, hay 60 que se catalogaron como amenazas. Los principales responsables fueron la Agencia Federal de Investigación, la ahora FGR, y autoridades de diferentes ayuntamientos del país.

Gildo y Jesús tienen menos de dos años de conocerse. Ambos prefirieron huir de sus estados. Actualmente, Garza preside la asociación Periodistas Desplazados en México; Medina también forma parte de este organismo, el cual apoya a colegas que fueron agredidos por su trabajo. Todos tienen algo en común: en sus estados atacar o matar a un periodista ya no se ve ni se escucha.