Caminos rurales de AMLO avivan conflictos agrarios

Conflictos territoriales y agrarios entre comunidades indígenas de Oaxaca han frenado el programa para pavimentar caminos rurales a cabeceras municipales  que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, mismo que incluso se ha convertido en un factor que reactiva las pugnas y pone en crisis los acuerdos de paz que se  habían alcanzado  entre poblaciones.

La noche del 14 de julio, un grupo de hombres descargó sus balas contra habitantes de la comunidad de El Espinal, perteneciente al municipio de San Miguel Quetzaltepec, en la Sierra Norte de Oaxaca.  El ataque dejó tres personas muertas y tres más heridas.

 Esta violencia no le es ajena a esta región habitada por el pueblo mixe. Desde hace décadas Quetzaltepec mantiene un conflicto limítrofe con San Juan Bosco Chuxnabán, su agencia municipal, que sólo en 2018 dejó  cuatro comuneros de Chuxnabán  asesinados.

 Pese a esta situación, Quetzaltepec fue elegida como una de las 50 comunidades de Oaxaca con las que iniciaría el programa de pavimentación de caminos a cabeceras municipales, impulsado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que proyecta beneficiar a 300 municipios durante todo el sexenio. 

Para acceder a los recursos, que se dan directamente a la comunidad,  Quetzaltepec y Chuxnaban firmaron  el 8 de febrero un convenio para iniciar el proceso de paz,  impulsado por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).

El acuerdo nunca se cumplió, Quetzaltepec siguió con invasiones de parcelas  y la construcción de un camino en la zona de disputa, conocida como Rancho Coyúl, por lo que habitantes de Chuxnabán denunciaron a EL UNIVERSAL que “todo fue un simulacro para obtener el programa de pavimentación de caminos a las cabeceras municipales”.

       Suspenden programa. Según Hugo Aguilar, coordinador de Derechos Indígenas del INPI, actualmente existe al menos tres focos rojos en  Oaxaca, en los cuales el programa de caminos  tuvo que ser frenado por los conflictos violentos, en su mayoría agrarios.

Además del caso de Quetzaltepec, donde la comunidad de Chuxnabán denuncia que las autoridades municipales sí recibieron la primera parte de los recursos para pavimentación, los otros son el conflicto postelectoral que existe en  San Juan  Ozolotepec y el de  Santa María Ecatepec contra San Lucas Ixcontepec, ambos casos  en la región de la  Sierra Sur.

Como resultado de este último conflicto,  en  julio de 2018,   13 habitantes de Ecatepec fueron masacrados  en los terrenos en disputa, presuntamente por sus vecinos.

“Sí vemos focos rojos por conflictos agrarios y políticos, por eso en estos tres casos se optó por suspender el programa”, asegura el funcionario del INPI, quien reconoce que “la pavimentación reaviva estos conflictos”.

En entrevista, Hugo Aguilar  asegura que la intención de este programa del gobierno federal no es acentuar sino atenuar estos conflictos, por lo que se busca evitar la polarización de las comunidades.

  “La indicación que tenemos es que los programas no pueden generar más conflictos, cuando se detecta un foco rojo, mejor se suspende y se busca comenzar el proceso de paz”, asegura.

Se violan acuerdos. Que las comunidades que mantienen conflictos limítrofes o agrarios rompan con los acuerdos de paz impulsados por autoridades del INPI o de la Secretaria General de Gobierno (Segego) no es algo nuevo en Oaxaca.

Sólo en lo que va del año, tres acuerdos de paz, que en su momento se anunciaron como “históricos”, fueron violados por alguna de las comunidades involucradas.

 Además del caso de Quetzaltepec, en el que la comunidad envió un oficio al INPI para desconocer su autoridad, la situación se repite en  la Sierra Norte, donde el conflicto entre Ayutla y Tamazulápam, también poblados mixes, mantiene sin agua potable a 3 mil personas de la cabecera de Ayutla y donde se denuncian nuevas invasiones de parte de Tamazulápam.

    El tercer caso también se registra en la Sierra Sur, se trata de la pugna entre Santa Catarina Juquila, cuna del recinto católico más importante del estado, y su vecino Yaitepec, en el cual el gobernador Alejandro Murat aseguró que  por tratarse de un tema agrario, se solicitaría la intervención del gobierno federal.

  La situación es compleja, pues tanto el INPI como la Segego reconocen que no existen mecanismos administrativos o jurídicos para obligar a las poblaciones a respetar los acuerdos de paz y “se tienen que ceñir a su  buena voluntad”, lo anterior dado que el tema agrario es de competencia federal.  

 Según la Segego, 90% de las tierras en Oaxaca son de origen comunal, respaldadas en  títulos primordiales  entregados tras la Colonia, que muchas veces están duplicados. Al respecto, el INPI señala que por esta razón los mecanismos de solución  que existen actualmente  no son  adecuados, pues se tratan como conflictos entre particulares, olvidando  “la dimensión histórica y colectiva, y la propiedad ancestral”.