Derechos sexuales y reproductivos deben ser garantizados en zonas de desastre

Organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron para que el Estado atienda de forma particular las necesidades de jóvenes y mujeres en torno a sus derechos sexuales y reproductivos, particularmente ante el ambiente adverso derivado de la contingencia que vive Oaxaca tras los sismos de septiembre pasado y las lluvias registradas recientemente.

En conferencia de prensa, explicaron que en contextos de emergencia se han documentado aumentos en las tasas de violencia sexual, de violencia obstétrica, mayores limitaciones en el acceso a servicios, a métodos anticonceptivos, infraestructura deficiente y desabasto de medicamentos en los ámbitos de la salud sexual y reproductiva.

Aunque no existen datos actuales al respecto, por lo menos siete organizaciones coincidieron en que es fundamental que las autoridades pongan atención especial en temas de salud, ya que el riesgo de mortalidad materna y neonatal también puede aumentar a medida que se interrumpen los servicios médicos regulares al priorizar otros derivados de la contingencia.

María Antonia Cruz, representante de Gesmujer, pidió a las autoridades tomar en cuenta las necesidades de niñas y adolescentes ya que son las más vulnerables, “el 59 por ciento de la población menor de 18 años que vive en las entidades más afectadas por los sismos son niñas”, dijo.

Asimismo, explicó que en nuestro país, seis de cada 10 menores son víctimas de abusos o violencia y 9 de cada 10 no denuncian, razón por la que insistió en la urgencia de atender de forma responsable a este grupo poblacional.

Por su parte, Jesús Yoshio Morales indicó que el bloque de organizaciones exige a las autoridades que además de garantizar la seguridad en las zonas de riesgo, a fin de evitar violencia sexual, brinden el acceso a antirretrovirales para mujeres en situación de violación sexual, así como el aborto con base en la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM046) Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres, a quienes como consecuencia de una violación han quedado embarazadas.

“Debemos recordar que en estos casos basta la solicitud de la mujer ante alguna instancia de salud para que pueda acceder a la interrupción voluntaria y legal del embarazo”, señaló.

Finalmente, en el documento firmado por la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir AHF México, Colectiva Feminista Mujeres Lilas, Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, Grupo de estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, Red Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho a Decidir, Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, y SERvicios del Pueblo Mixe, recordaron que la salud sexual y reproductiva forman parte de los derechos humanos fundamentales contenidos en tratados y documentos internacionales, federales y estatales, por lo que su garantía es obligación del Estado.