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A través de una recomendación, el organismo solicitó al Poder Judicial del estado “revalorar” la situación laboral de un grupo de 19 trabajadores a quienes se les despidió y revocó sus bases sindicales obtenidas en la administración pasada y pidió “encontrar los mecanismos pertinentes para restablecer la relación de trabajo que se tenía con el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado”.
Estos trabajadores ocupaban puestos de confianza, jefaturas y direcciones, y además no cumplieron con todos los requisitos establecidos por ley para obtener una plaza de manera permanente bajo la protección del sindicato, según denunció otro grupo de trabajadores adheridos al Sindicato del Poder Judicial.
Sin embargo, el personal despedido interpuso una denuncia ante la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado y una queja ante la DDHPO, donde afirmaron que fueron violentados sus derechos laborales.
No obstante, solamente uno aceptó que se les restituyera en el empleo y con el nombramiento que desempeñaban hasta antes de que se les diera una plaza o nombramiento de base permanente, este último, otorgado de manera indebida.
Altamirano Jiménez también negó que el Poder Judicial haya vulnerado los derechos laborales de los trabajadores quejosos porque es precisamente ante la instancia correspondiente, en este caso la Junta de Arbitraje, en que se resolverá acerca del derecho que tengan para reclamar.
Y recalcó que ante la recomendación de la DDHPO, únicamente aceptó la propuesta de conciliación en el sentido de restituirles en el empleo con un nombramiento de confianza, más no regresarles sus plazas de base.
“Esa decisión, en el supuesto que continúen con el procedimiento laboral será la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, quien tendrá que resolverlo en el momento procesal oportuno”, sentenció.
