97.44% de indígenas presos en cárceles de Oaxaca, están en prisión preventiva: AsiLegal
La organización sostiene que el abuso de esta medida cautelar ignora los principios de legalidad y presunción de inocencia.
En Oaxaca, el 97.44 por ciento de las personas indígenas privadas de su libertad en alguna de las cárceles del estado se encuentran en prisión preventiva, de acuerdo con la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal); esta cifra la calificó como algo “gravísimo”.
La asociación sostiene que el abuso de la medida cautelar se hace más evidente en casos de sectores vulnerables como el de las personas indígenas y el de las mujeres en los cuales la prisión preventiva se aplica de manera indiscriminada.
Además, con el uso reiterado de esta medida se violan los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad establecidos en los Principios y Buenas Prácticas para las Personas Privadas de Libertad, que establece la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Pero no es algo exclusivo de Oaxaca. AsiLegal precisa que en México, hasta agosto de 2017 se tenían contabilizadas 208 mil 689 personas privadas de libertad, de ellas, el 38.1% estaban en prisión preventiva.
Aunque el porcentaje es relativamente alto, apunta, no refleja la gravedad del abuso de esta medida cautelar en algunos estados del país como Durango, en donde el porcentaje asciende a 70%, o como Baja California Sur, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Quinta Roo, en donde más del 50% de su población privada de libertad se encuentra en prisión preventiva.
“En el caso de personas indígenas privadas de libertad, dos ejemplos representativos de lo que vive este sector en México son Oaxaca y Chiapas. En Oaxaca, existe un gravísimo 97.44% de personas indígenas privadas de libertad en prisión preventiva y en Chiapas el dato no es alentador, el 52.8% de las personas indígenas privadas de libertad se encuentra bajo esta medida cautelar”, señala.
Para AsiLegal, “esto demuestra que las autoridades encargadas de impartir justicia no atienden las disposiciones contenidas en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en la normatividad nacional en la que se mandata que en el caso de personas indígenas deberá privilegiarse la aplicación de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva con el objetivo de evitar las consecuencias negativas como, por ejemplo, el alto nivel de abandono al que se ven sometidas.
En cuanto a la diferenciación por género, si contrastamos el porcentaje de hombres bajo prisión preventiva con el de mujeres, el abuso se presenta en mayor medida en el caso de estas últimas. A nivel nacional el 37.6% de los hombres privados de libertad se encuentran en prisión preventiva mientras que en el caso de las mujeres el porcentaje asciende a 47%.
También en este caso destaca el estado oaxaqueño. El estado de Durango cuenta con un 80.6% de mujeres en prisión preventiva; Oaxaca cuenta con un 71.4%; Chiapas, Jalisco y Quintana Roo que cuentan con un 65.2% de las mujeres privadas de libertad bajo esta medida cautelar y Tabasco con un 64.2%.
Estos son los estados en los que el número de mujeres en prisión preventiva es “evidentemente alarmante”, dice la organización; pero existen otras trece entidades en las que más del 50% de las mujeres están bajo esta medida cautelar: Baja California Sur, Veracruz, Jalisco, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Chiapas, Michoacán, Tamaulipas, Oaxaca, Guerrero, Tabasco y Quintana Roo.
“Cuando las mujeres se encuentran en prisión preventiva los efectos para ellas y sus hijos e hijas son muy adversos debido a que en muchos de los casos son el principal y, en ocasiones, único soporte económico y emocional de sus familias”.
