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Dice que losfuncionarios federales responsables de la procuración y administración de justicia, incluyendo a lasautoridadesagrarias y laborales,no saben que esta ley los obliga a proveer lo necesario para que en cualquier juicio las personas de pueblos originarios sean asistidas, de forma gratuitay todo el tiempo, por intérpretes y defensores que conozcansu lengua y cultura.
En su experiencia de más de 10 años como intérprete, calcula que sólo cinco de cada 100funcionarios federales, como ministerios públicos, procuradurías, tribunales colegiados circuitos,agrarios,civiles yelectorales conocen la ley y la aplican, por lo que considera queel Estado ha fallado en su obligación de promoverla.
“No sólo los funcionarios desconocen la ley, lo que es muy grave, los propios indígenas no tienen idea de que esta ley les da derecho de interponer una demanda en su lengua y queel Estado está obligado de darle todas las herramientas para hacerlo. Se creó y así está, arrumbada. Nadie le hace caso, a lo mucho el Inali pero con sus limitantes, el INPI [Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas] o derechos humanos”, señala.
“Tenemos una ley importante y ni siquiera es obligatoria para los funcionarios de justicia, de salud oeducativos; está lejosque sea mínimo materia obligatoriaen las universidades especializadas en Derecho”, concluye.
