Exdelegado de Sedatu saquea tierras ejidales y cauce de río

Con documentos falsificados ante un notario público, Elpidio Concha fue denunciado ante la FGR

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Estatal 26/03/2020 08:06 Juan Carlos Zavala San Pedro Chicozapotes Actualizada 12:15

Con un documento que contiene firmas de personas que murieron hace 30 años o de migrantes que dejaron Oaxaca desde hace 15, un  exfuncionario federal  se adjudicó más de 200 hectáreas de terrenos comunales en los que se comenzó a explotar   los materiales pétreos del río Grande, el cual  pasa por el  territorio de  San Pedro Chicozapotes  y que forma parte de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, un  Área  Natural Protegida.

Fue en 2018 cuando las  autoridades agrarias de esta comunidad de San Juan Bautista Cuicatlán, en la  Cañada, comenzaron  a indagar quiénes eran los responsables del saqueo de arena y grava. Su investigación los llevó hasta  Elpidio  Concha Arellano, exdelegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu).  

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Se descubrió que el exfuncionario priista  falsificó un documento de una supuesta asamblea de ejidatarios  del 13 de octubre de 2013, en  la cual “le ceden”  más de 206 hectáreas de tierras ejidales. En este documento, del cual tiene copia EL UNIVERSAL, se falsificaron firmas de 150 ejidatarios e incluso, aparecen  las  de personas que murieron hace 30 años, como el caso de  Félix Illescas,  y de  otros que desde hace 15 años viven en  Estados Unidos, como Mario Ortiz.

También aparece la rúbrica de Eduardo Alonso Jiménez, actual presidente del Comisariado de Bienes Ejidales de San Pedro Chicozapotes, quien rechaza haber suscrito ese documento; lo mismo ocurre con otros integrantes del Comisariado y del Consejo de Vigilancia.

Nos ha amenazado [Elpidio Concha Arellano], tememos por nuestra vida. 

Alonso Jiménez asegura que en la falsificación  está involucrado el notario público número 45, Miguel Ángel Modesto Concha Viloria, quien certificó una asamblea que nunca se realizó y en la que, afirma, estuvo presente.

Las autoridades agrarias, también, acusan que el exfuncionario ocupó ilegalmente el espacio donde se encuentran las vías férreas,  de propiedad federal, obstruyéndolas con malla y  un portón. Además,  en 2010 el también  exdiputado federal del PRI  mandó retirar aproximadamente un kilómetro de vías,  porque requería de un carril para carreras de caballos;  sólo fueron detenidos en flagrancia tres de sus trabajadores.

Por estos hechos, en  la  Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía) existe la averiguación previa A.P/PGR/OAX//OAX/IV/670-D/2010, interpuesta por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en la que se señala como autor intelectual y material de este robo de las vías  a  Concha Arellano.


Sin  permiso

La explotación de los materiales pétreos del río Grande se realiza sin autorización  de la  Comisión Nacional del Agua (Conagua) ni de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), lo que sí existe es  la solicitud de un estudio de impacto ambiental a nombre de Elpidio  Concha Ojeda, hijo de Concha Arellano, de acuerdo con  el documento Bitácora 20/MP-0121/09/18, oficio número UGA-0255-2019 del 9 de abril de 2019.

La SCT también respondió que no ha otorgado ninguna concesión para el uso de las vías férreas, por lo que  realizó un requerimiento al exdelegado de la  Sedatu para que retirara la malla con la  cual las  obstruye.

Las  autoridades agrarias de  Chicozapotes interpusieron una denuncia ante la FGR contra  Concha Arellano, en  la que lo acusan de falsificación de documentos, explotación y saqueo de materiales pétreos en  un Área Natural Protegida, adjudicación de parcelas ejidales y  uso ilegal de vías federales.

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Las denuncias están integradas en las carpetas de investigación 1846/19 y FED/OAX/TUX/1423/19, pero la abogada de los ejidatarios, Liudmila Oropeza Fuentes, denuncia que la FGR pretende archivar las dos carpetas de investigación, de las cuales Concha Arellano está enterado.

En octubre de 2019, irrumpió en una asamblea ejidal  y sus hombres golpearon a los ejidatarios. Acusan que la Guardia Nacional, que resguardaba la asamblea, no intervino. Concha Arellano también ha buscado que se desconozca a las actuales autoridades agrarias  y hasta ha promovido denuncias contra ejidatarios acusándolos de abuso sexual.

"Nos ha amenazado, tememos por nuestra vida. Pedimos que las autoridades den atención inmediata a las acciones legales que hemos denunciado por los atropellos cometidos por  Elpidio Concha”, finalizan.

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