Temen pérdidas de 30 mdp y desaparición de 3 mil empleos en el Istmo por emergencia del Covid-19

El emblemático Bar Jardín que desde su fundación, en 1985, cobijó a pintores, poetas, escritores y cantantes luce triste bajo la enramada que sustituyó las paredes que el sismo convirtió en escombros la noche del 7-S. 

Ahora, quedará vacía. Los últimos siete empleados, de 14 que tenía, se alistan para irse a sus casas porque el gobierno de Oaxaca decretó el cierre temporal de bares y centros nocturnos, como una de varias medidas para reducir el contagio del Covid-19.

“Viene una larga pesadilla, no solamente por el tema de la salud, sino porque la economía del Istmo se colapsará (...) Vamos a prepararnos para el peor escenario”, comenta preocupado el empresario Julio Bustillo Toledo, propietario del Bar Jardín, santuario de exposiciones y veladas culturales.

Hasta antes del terremoto, funcionaban en esta ciudad zapoteca cerca de mil 500 unidades económicas, de acuerdo con cifras del dirigente local de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Juan Gilberto Prado, apoyado en estadísticas de la Secretaría de Economía de Oaxaca. Tras el sismo, sólo lograron recuperarse unos mil negocios. 

Apenas estaban superando el  daño a la economía que dejó el sismo y ahora llega la pandemia:  “Lo único que sabemos es que, sin apoyos gubernamentales, tendremos dificultades para pagar la renta del local,  la nómina y los pagos de la energía eléctrica, el ISR, el Infonavit y del IMSS”, diagnostica el propietario del Bar Zero, Juan Zendejas.

Para el dirigente de la asociación de Profesionistas y Empresarios del Istmo (Proempi), Juan González Davar, el gobierno estatal debe mitigar las pérdidas económicas que enfrentará el sector comercial: 

“En los 41 municipios del Istmo  tenemos como 10 mil unidades económicas (eran 15 mil antes del terremoto), que emplean en promedio 30 mil personas que no deben ser despedidos”.

Pide que las autoridades estatales valoren la pertinencia de suspender, mientras dure la crisis sanitaria, la totalidad del cobro del impuesto a la nómina y al hospedaje, sobre el  que el gobierno estatal anunció suspensiones de 50% y 100% respectivamente para el segundo bimestre. Y al gobierno federal, mediante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP). 

“No estamos pidiendo que nos condonen pagos, pero sí  facilidades para evitar el cierre definitivo de negocios”, insiste González Davar.

Aunado a esas pérdidas económicas tan sólo en esta ciudad, sin considerar los cierres de los balnearios, bares, centros nocturnos, discotecas y gimnasios, el sector comercial espera la pérdida de al menos 3 mil empleos sólo en el Istmo, porque muchos de los 10 mil dueños de negocios no resistirían cerrar un mes, comenta.

Juan Gilberto Prado,  presidente de la Canaco en Juchitán, explica que la situación económica se complicará: “El escenario  que vivimos después del 7-S es totalmente diferente. Tras el sismo, recibimos la ayuda en despensas, se crearon las cocinas comunitarias y vivimos en albergues. Ahora es diferente, porque la orden gubernamental es que nadie salga de sus casas”, recuerda.