Abiertos 300 expedientes contra ex funcionarios del Gobierno de Oaxaca
Las investigaciones son resultado de las auditorías realizadas por SFP y la ASF, cuyo daño probable asciende a 15 mil millones de pesos
La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG) tiene abiertos 300 expedientes contra ex funcionarios del gobierno de Oaxaca por daños y probables daños al erario público.
Las investigaciones que se realizan son resultado de las auditorías realizadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuyo daño probable asciende a 15 mil millones de pesos, informó el titular de la SCTG, José Ángel Díaz Navarro.
Los 300 expedientes abiertos, dijo, involucran a diferentes funcionarios de diversas áreas de gobierno, “algunos responsables y otros probables responsables” y son procedimientos resarcitorios o sancionatorios que en su caso, podrían ser de carácter penal y estar bajo la responsabilidad de la Fiscalía Estatal Anticorrupción.
“Nosotros estamos apoyando a la SFP y la ASF y todo viene resultado de los procesos de solventación que tenemos y será solicitada la presencia de los funcionarios que tengan que acudir a solventar este tipo de temas.
“Lo mejor que pueden hacer es ir y presentarse cuando sean llamados. Nadie mejor que ellos conocieron estos procedimientos y hacer los ajustes correspondientes, sólo ellos saben qué pasó con ese dinero y defenderse ellos mismos”, manifestó.
Díaz Navarro confirmó que se sigue un procedimiento administrativo contra el ex titular de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, José Zorrilla de San Martín Diego; el ex director de Fidelo y por lo menos cinco servidores públicos más que supervisaron obras en el auditorio Guelaguetza y en las que se estima un probable daño a la hacienda pública de 200 millones de pesos.
José Zorrilla, afirmó, fue llamado a comparecer por lo menos en tres ocasiones hasta que finalmente se presentó para informar de las dos personas que lo representarían en las investigaciones que se siguen a su administración.
Hay un probable daño al erario público, puntualizó, y tendrán que presentar la comprobación y documentación que tenga bajo su resguardo, sobre la aplicación de esos recursos. El resto de funcionarios involucrados en la probable malversación de 200 millones de pesos aún no se presentan a comparecer y están por vencer los plazos para que lo hagan.
