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Foto: Claus Mendoza EL UNIVERSAL
Oaxaca de Juárez.— Alfonso Homero Nava, víctima de despojo del predio en el que se construyó la clínica de medicina familiar del ISSSTE en Matías Romero Avendaño, Oaxaca, acusó al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJEO) de actuar de manera dolosa para mantener detenido el juicio civil y no dictar sentencia por el despojo de su propiedad.
En entrevista con EL UNIVERSAL explicó que el expediente está detenido porque en las promociones que realizó en tiempo y forma para entregar las pruebas supervivientes y para que el juez diera cauce final a la demanda de nulidad y dictar una sentencia, no se llevaron a cabo correctamente las diligencias.
La víctima interpuso una denuncia civil para exigir la nulidad de una escritura y documentos falsos, como un contrato de compra-venta que nunca se concretó, para despojarlos del terreno donde se construyó una clínica familiar del ISSSTE.
También interpuso una denuncia penal contra funcionarios del ISSSTE ante la Fiscalía General de la República (FGR) por las omisiones y falsificación de documentos en torno al despojo del predio que actualmente ocupa una clínica de medicina familiar del ISSSTE en Matías Romero Avendaño, en el Istmo de Tehuantepec.
La primera irregularidad, explicó, es que mientras él hacía las promociones, la actuaria Ana Karen Valdivieso (nuera del notario Reyes Izquierdo Saure, quien también está implicado en este caso de despojo) no notificó a las partes.
“Lo acabo de corroborar ahorita en una solicitud de información al ISSSTE en la cual demuestro que el funcionario público que se ostentaba como representante legal en Matías Romero, se encontraba en la ciudad de Oaxaca, por lo que era físicamente imposible que fuera notificado en esta ciudad del Istmo de Tehuantepec y firmara los documentos, y al mismo tiempo estuviera trabajando en las oficinas del ISSSTE en la capital del estado.
“Cómo se explica que a ocho horas de distancia, el individuo haya estado en dos lugares y además de eso, ni siquiera le dieron viáticos para trasladarse a ese lugar”.
La segunda irregularidad, dijo, es que no se hacían las notificaciones porque en el expediente civil 219/2013, además de existir dilación y peculado, “la nuera del notario demandado no hacía las notificaciones, Ana Karen Valdivieso Mijangos, era la actuaria del Juzgado Civil de Matías Romero”.
Por eso, mencionó que interpuso una queja ante el TSJO y la actuaria fue cambiada de Juzgado y el juez Eduardo Enríquez Martínez fue sancionado con una amonestación pública y lo enviaron al Juzgado de Tlaxiaco; pero aún continúa un procedimiento en su contra.
Homero Nava advirtió que sería aún más grave si los funcionarios del Poder Judicial de Oaxaca extrajeron el expediente del Juzgado Civil de Matías Romero y lo trajeron a la capital del estado para que lo firmara el representante legal del ISSSTE.
Afirmó que el presidente del Tribunal de Justicia de Oaxaca, Eduardo Pinacho, y sus jueces, han retrasado el juicio en contra del ISSSTE, el cual lleva 10 años y siguen sin dictar sentencia.
“El expediente está desde el 2013 y ahora estamos en el 2023, 10 años, y se supone que la justicia debe ser pronta y expedita, y en este caso vemos un claro ejemplo de la red de corrupción que existe entre los jueces del Poder Judicial del Estado de Oaxaca que cada día es más latente este problema y que los oaxaqueños no tenemos ninguna certeza jurídica”.
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