Asamblea de Mujeres Indígenas rechaza la iniciativa de Ley General de Pueblos Indígenas impulsada por Sheinbaum

La Asamblea de Mujeres Indígenas de Oaxaca (AMIO) informó que rechaza la propuesta de iniciativa de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afroamexicanos de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Aseguró que “representa un grave retroceso en el reconocimiento y ejercicio de nuestros derechos colectivos, que vulnera y desconoce nuestras luchas históricas y es contraria a los derechos y principios reconocidos en el marco constitucional y convencional vigente”.

La AMIO, además, denunció la simulación del proceso de consulta realizado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), al no reunir y garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio efectivo de nuestro derecho a una consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada.

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“Es absurdo pretender que unas cuantas horas sean suficientes para que la información llegue a las comunidades, se analice, reflexione y se comprenda el alcance real de un documento de 453 artículos y 11 transitorios. La consulta no puede reducirse a reuniones informativas ni a mecanismos institucionales para legitimar decisiones previamente definidas, menos aún cuando las observaciones, preocupaciones y dudas expresadas por quienes participaron fueron tomadas como simples dudas sin haber sido respondidas de fondo, ni haber garantizado mecanismos claros para su incorporación en la propuesta”.

Además, sostuvo que la iniciativa no garantiza ni protege de manera efectiva sus territorios frente al extractivismo y no frena el despojo histórico heredado desde la colonia y acentuado con la reforma al artículo 27 de la Constitución Federal (1992).

Y lejos de garantizar y fortalecer el autogobierno y libre disposición sobre la tierra y territorio, condiciona la autoadscripción, impone esquemas de organización ajenos a sus sistemas normativos y permite que todo el aparato estatal en los distintos niveles de gobierno continúe entregando concesiones mineras y de bienes naturales que confrontan a nuestras comunidades con empresas transnacionales.

La propuesta, aseguró, también exige el registro de sus saberes y bienes culturales en catálogos que facilitan su apropiación y mercantilización por actores externos, “desconociendo que nuestro patrimonio biocultural y de conocimientos forma parte inseparable de nuestra identidad, memoria y continuidad histórica como comunidades y pueblos originarios”.

A esto suma que el proceso de consulta reprodujo las condiciones históricas de exclusión y desigualdad que enfrentan las mujeres indígenas, ya que pocas mujeres indígenas participaron y fueron consultadas sobre esta propuesta de Ley.

“La limitada presencia de mujeres indígenas y afromexicanas en estos espacios no puede desvincularse de las barreras estructurales, sociales, económicas y políticas que históricamente han restringido nuestra participación en los procesos de toma de decisiones”.

Esta situación, aseguró, se profundizó al concentrar en una misma mesa de trabajo los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y juventudes, sin reconocer suficientemente las necesidades, demandas y problemáticas específicas de cada población; además de que no garantiza de manera real y sustantiva sus derechos humanos como mujeres y participación política en el interior de las comunidades, ni en los distintos órdenes de gobierno.

En un comunicado, también se pronunció en contra de la reforma integral a la Constitución Política de Oaxaca, que impulsa el gobernador Salomón Jara Cruz.

Ambas iniciativas, aseguró, son regresivas de los derechos reconocidos en la Constitución Federal y en diversos tratados internacionales que forma parte del marco normativo en México.

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