La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que aún no hay decisiones nuevas relacionadas con el conflicto territorial por límites entre los estados de Chiapas y Oaxaca, ni entre el “acuerdo amistoso” firmado entre los gobiernos de ambas entidades.
El caso, respondió, sigue su curso normal en la etapa de cumplimiento de sentencia. “Por ahora no hay decisiones nuevas o cambios relevantes por parte de las y los ministros”, aseguró.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el asesor jurídico de la comunidad de San Francisco del Mar, Víctor Hugo Alejo Torres, advirtió que los ministros y ministras de la SCJN podrían ser sujeto de juicio político si validan el acuerdo amistoso de los gobiernos de Chiapas y Oaxaca, relacionados con los límites en la franja sur y costera.
Lo anterior, sostuvo, porque el acuerdo es inconvencional, inconstitucional e ilegal. Esto, porque va en contra de la sentencia de la SCJN sobre la controversia constitucional 121/2012 en la que determinó la línea limítrofe entre ambos estados y en la que se estableció que esa línea inicia en la Barra de Tonalá, a los 16 grados de latitud norte, con dirección al Cerro del Chilillo y continúa hasta el Cerro de la Jineta y de ahí, con rumbo al Cerro de los Martínez.
Víctor Hugo Alejo recalcó que esa sentencia de la Corte es inatacable y pese a ello, el Congreso del Estado de Oaxaca presidido por el ahora senador de la República Alfonso Silva Romo, aprobó un decreto el 13 de abril de 2023 en el que acatan la sentencia, pero agregan un transitorio en el que autorizan al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, a firmar un convenio amistoso de límites con el gobierno de Chiapas.
“Sería inaudito e inesperado jurídicamente que el Tribunal Constitucional estime válido porque desconocería la eficiencia y eficacia de su propia sentencia, violentado los principios de cosa juzgada y de Supremacía Constitucional; procediendo en automático, solicitar juicio político en contra de quienes voten a favor”, aseguró.
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La SCJN, ante esta información, respondió que hasta el momento lo único que se ha agregado al expediente es una opinión técnica externa (amicus curiae); pero, puntualizó, la Corte todavía no emite ningún pronunciamiento sobre esta opinión técnica.
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