Autoridades y defensores advierten reactivación de pugnas agrarias en Oaxaca por elecciones; hay 25 de "alto riesgo"

Aunque muchos de los conflictos no son consideradas como focos rojos, preocupan porque afectan directamente el desarrollo de las comunidades, señalan funcionarios

Autoridades y defensores advierten reactivación de pugnas agrarias en Oaxaca por elecciones; hay 25 de "alto riesgo"
Foto: Roselia Chaca
Estatal 06/12/2021 08:07 Roselia Chaca Oaxaca Actualizada 08:07

Juchitán.— La furia de un grupo de comuneros de Magdalena Tequisistlán, por lo que consideraron la invasión de sus tierras por parte de sus vecinos  de Asunción Tlacolulita,  se nota en el corte violento de más de un metro que  hicieron a la nueva carretera de concreto hidráulico que pretendía comunicar  a los pobladores con la cabecera municipal. 

Dicho camino, de elaboración artesanal, se construyó con parte de los 21 millones de pesos  del programa federal Pavimentación de Caminos Rurales a Cabeceras Municipales que presume e impulsa en Oaxaca el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

 De acuerdo con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), esta  carretera rural es una de las 195 que el gobierno federal  construye en comunidades indígenas de Oaxaca y tiene como meta entregar este diciembre. 

Ahora, el avance de esta obra ubicada a las puertas del Istmo de Tehuantepec se encuentra detenido y no hay fecha para que sea retomada, pues el corte a la vía de comunicación agudizó el conflicto que por años han arrastrado ambos pueblos. 

Una obra esperada 

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Foto: Roselia Chaca

La carretera que luce cercenada y  cuya construcción   se tenía programada  sobre  22 kilómetros de Tequisistlán hasta Tlacolulita,  por muchos años fue el sueño  de  las poblaciones chontales que se conectan en un mismo camino: San  Juan Alotepec, San Matías Petacaltepec, Santa María Candelaria, San Miguel Suchiltepec, Santa María Zapotitlán, San José Chiltepec, San Pedro Sosoltepec, Santa Lucía Mecaltepec  y  San Miguel Ecatepec. 

 Lo anterior porque se trata de una  vía de comunicación que, por su ubicación, en las puertas del Istmo pero a los pies de la Sierra Sur,  mejoraría la  conectividad de los pueblos habitados por la nación chontal  con el resto del estado,  pero todo quedó en eso, en un sueño truncado por un añejo conflicto agrario por 250 hectáreas  entre comunidades vecinas.

Este año el problema se reactivó cuando Tequisistlán se  percató  de que comuneros de Asunción Tlacolulita empezaron a realizar trabajos de ampliación del camino, sin solicitar el consentimiento previo, motivo que generó fricción y derivó en la instalación de un bloqueo en la carretera federal 190,  el pasado 16 de septiembre.

 Después de una mesa de trabajo,  el 24 de septiembre, se concilió esta primera molestia y se  acordó reiniciar con los trabajos de la carretera, pero al poner en las negociaciones nuevamente el tema de límites agrarios, Tlacolulita se negó y  Tequisistlán accionó con el  corte del único camino que tienen los habitantes de  Tlacolulita para salir a la carretera federal.

De acuerdo con la Secretaría General de Gobierno (Segego) del gobierno estatal, aunque ya se instalaron nuevas mesas de diálogo para llegar a un acuerdo entre ambas comunidades, hasta el momento Tlacolulita se niega a sentarse a negociar.

Problemas añejos 

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Foto: Especial

Este  conflicto por límites entre Tequisistlán y Tlacolulita   forma parte de las 308 disputas  agrarias que persisten en  el estado de Oaxaca, y aun cuando no es considerado por las autoridades como  un foco rojo o una problemática de  alto riesgo, pues no se han registrado asesinatos, sí es de preocupación porque a causa del corte del camino están incomunicadas miles de personas de pueblos chontales.

De acuerdo con la Junta de Conciliación Agraria, adscrita a la Secretaría General de Gobierno, en lo que va del actual sexenio se ha  logrado mediar en  56 asuntos agrarios, por lo que el universo de disputas activas está conformado por 308, distribuidas de la siguiente manera:  por el nivel de explosividad que representan, 25  son de  alto riesgo, 57 de mediano  y 226 se consideran como  de bajo riesgo.

Rodrigo Jarquín, presidente de la Junta de Conciliación Agraria  y quien suma  25 años de experiencia en el tema, detalla  que la Sierra Sur es la que más conflictos posee, con 60 en total, y  le siguen los  Valles Centrales,  con 59; la  Mixteca,  con 51; la Cuenca del Papaloapan,  con 41; el Istmo de Tehuantepec,  con 37; la  Costa, con 33; la  Sierra Norte,  con 24,  y la Cañada, con 13.

Por nivel de riesgo, la Sierra Sur también se coloca como la región con mayor presencia por disputas de tierra, dado que en su territorio se ubican 10 de los 25 conflictos considerados como de alto riesgo. 

 En el caso del Istmo de Tehuantepec, de los 37 conflictos vigentes,  cuatro son de alto riesgo, seis de mediano  y 27 de muy bajo riesgo, es decir que se considera que “están dormidos o inactivos”, como el  que existe entre San Francisco del Mar y San Francisco Ixhuatán que hace más de 20 años dejó varios muertos, pero que actualmente no reporta violencia. 

Entre los 37 conflictos de bajo, medio y alto riesgo en el Istmo destacan también  los que mantienen Niltepec y San Miguel Chimalapa; San Mateo  y Santa María del Mar y San Mateo Huilotepec; Matías Romero  con  Santa María Petapa y con  San Juan Mazatlán, y este último municipio con  San Juan Guichicovi y  Santo Domingo Petapa, de forma independiente.  

 También figuran los que mantiene San Blas Atempa con   Comitancillo y con Mixtequilla; Santo Domingo Petapa  con el   Barrio de La Soledad y Santa María Petapa, respectivamente; Chivela y El Mezquite; Jalapa del Marqués y Santa María Guienagati; Estación Ubero y Veracruz. Y por supuesto, los que mantienen Tlacolulita con Tequisistlán y  Ecatepec. 

Los estragos 

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Foto: Roselia Chaca

Rodrigo Jarquín no duda cuando habla. Para el funcionario público que lleva más de dos décadas al frente de la Junta de Conciliación Agraria, estos conflictos además del derramamiento de sangre entre familias y hermanos de etnia, han dejado en los pueblos que se disputan el usufructo de menos de 50 hectáreas, otras  miles de hectáreas de matorrales, selva, bosques y cerros pelones, un gran retraso social,  y que no  haya avance en el progreso educativo, en el sector  salud y en lo económico. Tampoco, dice, se da una adecuada aplicación de la justicia, se destruyen  familias y se abandonan   pueblos.

“No hay pueblos que aguanten 100  años de pleito, así que en algunos casos se abandonan las comunidades. En los  conflictos agrarios se han matado familias enteras y son tragedias. Los conflictos agrarios son  complejos, pero para lograr conciliaciones lo primero que deben hacer  es sentarse y  dialogar, tener disposición de solución. 

“Si son  los mismos pueblos donde no  hay interés, si no hay voluntad, poco se puede hacer, el gobierno tiene la responsabilidad de intervenir como mediador y así hemos ayudado a solucionar 56 problemas en cinco años”, explica vía telefónica a EL UNIVERSAL

Jarquín es muy crítico al señalar que muchos de los conflictos agrarios dormidos en el estado se reactivan sospechosamente en tiempos electorales, por lo que es probable, advierte,  que se comiencen a manifestar algunos de ellos,  además de que otros tantos son aprovechados por grupos sociales que “sólo buscan sacar ventaja abanderándolos”, condena. 

Aunque el actual gobierno estatal ha logrado la conciliación de 56 pugnas por tierras en Oaxaca, ninguna de estas disputas resueltas se ubica en el Istmo de Tehuantepec, por lo que por año la situación ha permanecido similar, con el riesgo de que la explosividad de alguno de los conflictos escale sin previo aviso. 

 Para el abogado, defensor de derechos humanos y del territorio en el Istmo, Eliot Escobar, la prolongación de muchos de los  conflictos agrarios en la región se debe  a la falta de operación y sensibilidad de instancias que llevan el tema a nivel del  gobierno federal, incluyendo a  la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), así como  del  gobierno estatal, precisamente  como la Junta de Conciliación Agraria. 

 Esto, explica, porque al final sus resoluciones no  son vinculantes  y no van más allá. A lo que se suma que su autoridad  es inexistente  en la vida de los pueblos y no poseen la capacidad de ejecutar las sentencias de los tribunales, sólo las administran de sexenio en sexenio. 

“En estos años acompañando a varios pueblos del Istmo he constatado la  inoperancia de varias instancias, como la Sedatu y la Procuraduría Agraria  que son como los bomberos, aparecen cuando ya está el  incendio y los muertos. Esto continúa porque  heredan los conflictos y aparecen cuando todo se desbordó. Sólo clasifican los problemas en activos e inactivos, no hay interés en solucionar”, acusa. 

Dice que se tenía la esperanza de que las cosas cambiaran con la llegada del  nuevo gobierno, pero no pasó: “No ha cambiado nada, sigue el mismo desinterés hacia el campesino, hacia la tierra. Peor aún, se les prometió ser socios  de los proyectos y nada. Es desafortunado que se vuelvan a reactivar en estos días electorales”.

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