Avanza en Oaxaca consulta a pueblos indígenas sobre ley para reparar desplazamiento forzado
Se tiene registro de al menos 22 episodios en los que cientos de personas han tenido que abandonar sus comunidades por violencia, los más recientes en 2023; la Mixteca acumula la mayoría
Juxtlahuaca.– Oaxaca inició el camino para sumarse a los estados de Chiapas, Guerrero, Sinaloa y Zacatecas, y así contar con la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en México, un fenómeno que golpea particularmente a la Mixteca, región que registra el mayor número de personas desplazadas en el estado, según la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del gobierno de Oaxaca.
Según la coordinación, el pasado 9 de junio inició la etapa de acuerdos previos del proceso de Consulta Previa, Libre e Informada, para la Construcción y Adopción de una “Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en el Estado de Oaxaca”.
“Lo que se busca de esta ley es que haya una claridad respecto a las obligaciones, atribuciones y facultades de las instituciones que forman parte del gobierno del estado y también de los gobiernos municipales, para atender la problemática que surge alrededor del desplazamiento”, explica en entrevista con EL UNIVERSAL Flor Estela Morales Hernández, titular de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos (CADH) del gobierno de Oaxaca.
Esto a través de Ley de Consulta Previa, Libre e Informada de a Pueblos y, comunidades Indígenas y Afromexicanas de Oaxaca, la cual señala que cuando el Estado pretenda una medida de carácter legislativo o administrativo que tenga un impacto directo en los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, se tiene que someter a consulta.
“En este caso, esta ley pretende presentar la situación desde lo legislativo, entonces estamos obligadas las instituciones a llevar a cabo este proceso de consulta con todos los pueblos”, detalla la titular.
El proceso concluyó este 19 de junio con la etapa de acuerdos previos. “Es el primer acercamiento que se da entre las instituciones y las autoridades de las comunidades. Nos estamos poniendo de acuerdo cómo vamos a dialogar con ellos, y sobre qué va la consulta, como derecho a participar”.
Flor Estela Morales explica que después de esta etapa, posteriormente sigue la fase informativa, en la que se les dará la información puntual respecto al contenido de la iniciativa; además, tendrán la oportunidad de revisar algunos documentos que se han generalizado y algunos diálogos directos con las autoridades que están participando. Enseguida de la informativa, continúa la etapa deliberativa, luego la consultiva y finalmente, la de seguimiento.
La coordinadora dio a conocer a este medio, que la CADH tiene registrados 20 episodios de desplazamiento forzado interno en el estado de Oaxaca, los cuales han ocurrido en las administraciones pasadas. Sin embargo, durante 2023 se documentaron al menos dos episodios de desplazamiento masivo de personas por violencia.
Se tratan de El Tlacuache, una comunidad que pertenece al municipio Zimatlán de Álvarez, en los Valles Centrales, donde cerca de 300 personas huyeron de sus casas. A ellas se suman las familias de San Miguel El Grande, en la región de la Mixteca, donde fueron obligadas más de 150 personas a huir de la comunidad de Lázaro Cárdenas, luego que les quemaron sus casas, bienes, vehículos y su bosque.
“Algunos, como los que han ocurrido en la zona triqui, donde las familias en situación de desplazamiento llevan casi 14 años fuera de sus comunidades”.
Flor Estela Morales detalla que muchos de los desplazamientos ocurren por la decisión de las asambleas y, por ello, sí hay un impacto directo con las comunidades, al consultar previamente esta ley.
En Oaxaca la región Mixteca es la que registra más casos de desplazamiento forzado, esto obedece a que es una de las zonas que tiene más conflictos de límites de tierra y sociales, agrega la titular de Atención de Derechos Humanos.
Al menos se tienen registrados episodios en ocho comunidades, entre ellas: San Juan Copala, Tierra Blanca Copala y San Miguel Copala del municipio de Juxtlahuaca; Guerrero Grande y Ndoyonuyuji, San Esteban Atatlahuca; Lázaro Cárdenas, Tlaxiaco; Cerro metate y Plan de Guajolote, San Juan Mixtepec.
En México, la violencia desplaza a más de 380 mil personas de sus hogares, de acuerdo a los informes de diversos organismos de derechos humanos; familias de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas, principalmente, se desplazan al norte del país por la violencia generalizada en sus comunidades de origen, informó a EL UNIVERSAL la Organización Internacional para las Migraciones (IOM por sus siglas en inglés), una agencia de las Naciones Unidas (ONU) que impulsa una migración humana y ordenada.
En este contexto, hoy en día, sólo cuatro entidades federativas cuentan con una legislación en la materia: Chiapas, Guerrero, Sinaloa y Zacatecas, además igual número de ellas han tipificado como delito el provocar el desplazamiento: Guerrero, Sinaloa, Sonora y Chihuahua.
A nivel nacional, la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno está detenida en el Senado de la República desde el 29 de septiembre del 2020.
“La idea es que Oaxaca pueda tener una ley que atienda la realidad y que no sólo tengamos una ley en papel. Puede ser un precedente que puede marcar la pauta a nivel nacional”, enfatiza Flor Morales, titular de la CADH.
Esta iniciativa está siendo acompañada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la oficina del Alto Comisionado en México, agencias de las Naciones Unidas.
