Más Información
Según la coordinación, el pasado 9 de junio inició la etapa de acuerdos previos del proceso de Consulta Previa, Libre e Informada, para la Construcción y Adopción de una “Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en el Estado de Oaxaca”.
Esto a través de Ley de Consulta Previa, Libre e Informada de a Pueblos y, comunidades Indígenas y Afromexicanas de Oaxaca, la cual señala que cuando el Estado pretenda una medida de carácter legislativo o administrativo que tenga un impacto directo en los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, se tiene que someter a consulta.
“En este caso, esta ley pretende presentar la situación desde lo legislativo, entonces estamos obligadas las instituciones a llevar a cabo este proceso de consulta con todos los pueblos”, detalla la titular.
El proceso concluyó este 19 de junio con la etapa de acuerdos previos. “Es el primer acercamiento que se da entre las instituciones y las autoridades de las comunidades. Nos estamos poniendo de acuerdo cómo vamos a dialogar con ellos, y sobre qué va la consulta, como derecho a participar”.
Flor Estela Morales explica que después de esta etapa, posteriormente sigue la fase informativa, en la que se les dará la información puntual respecto al contenido de la iniciativa; además, tendrán la oportunidad de revisar algunos documentos que se han generalizado y algunos diálogos directos con las autoridades que están participando. Enseguida de la informativa, continúa la etapa deliberativa, luego la consultiva y finalmente, la de seguimiento.
La coordinadora dio a conocer a este medio, que la CADH tiene registrados 20 episodios de desplazamiento forzado interno en el estado de Oaxaca, los cuales han ocurrido en las administraciones pasadas. Sin embargo, durante 2023 se documentaron al menos dos episodios de desplazamiento masivo de personas por violencia.
Se tratan de El Tlacuache, una comunidad que pertenece al municipio Zimatlán de Álvarez, en los Valles Centrales, donde cerca de 300 personas huyeron de sus casas. A ellas se suman las familias de San Miguel El Grande, en la región de la Mixteca, donde fueron obligadas más de 150 personas a huir de la comunidad de Lázaro Cárdenas, luego que les quemaron sus casas, bienes, vehículos y su bosque.
Flor Estela Morales detalla que muchos de los desplazamientos ocurren por la decisión de las asambleas y, por ello, sí hay un impacto directo con las comunidades, al consultar previamente esta ley.
Al menos se tienen registrados episodios en ocho comunidades, entre ellas: San Juan Copala, Tierra Blanca Copala y San Miguel Copala del municipio de Juxtlahuaca; Guerrero Grande y Ndoyonuyuji, San Esteban Atatlahuca; Lázaro Cárdenas, Tlaxiaco; Cerro metate y Plan de Guajolote, San Juan Mixtepec.
En este contexto, hoy en día, sólo cuatro entidades federativas cuentan con una legislación en la materia: Chiapas, Guerrero, Sinaloa y Zacatecas, además igual número de ellas han tipificado como delito el provocar el desplazamiento: Guerrero, Sinaloa, Sonora y Chihuahua.
“La idea es que Oaxaca pueda tener una ley que atienda la realidad y que no sólo tengamos una ley en papel. Puede ser un precedente que puede marcar la pauta a nivel nacional”, enfatiza Flor Morales, titular de la CADH.
Esta iniciativa está siendo acompañada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la oficina del Alto Comisionado en México, agencias de las Naciones Unidas.
