Estatal | 05-12-24 | 06:12 | Actualizada | 05-12-24 | 06:12 |
Oaxaca de Juárez.— La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que hubo violaciones a los derechos humanos de Abigail Hay Urrutia, quien murió en una cárcel municipal de Salina Cruz, Oaxaca, tras ser detenida por una falta administrativa; además, confirmó que existieron violaciones a los derechos de su familia.

En la recomendación 188/2024, el organismo informó que la joven Abigail fue víctima de violaciones a la seguridad jurídica, a una vida libre de violencia, a la integridad personal y a la vida, además del incumplimiento del deber de cuidado por no ser canalizada oportunamente para recibir atención médica adecuada, a pesar de que las autoridades involucradas tenían pleno conocimiento de su condición de salud.

Mientras que siete miembros de su familia, víctimas indirectas, sufrieron presiones por parte de personas servidoras públicas y elementos de seguridad del municipio de Salina Cruz. Y causa de estas presiones, los familiares se vieron obligados a trasladarse a otro estado de la República Mexicana, lo que afectó gravemente su proyecto de vida y, en particular, el interés superior de dos niños.

El 19 de agosto de 2022, Abigail Hay Urrutia fue detenida tras una discusión con su pareja. Durante su detención, un perito la diagnosticó con un trastorno neurológico, pero, en lugar de canalizarla a servicios médicos especializados, fue llevada ante el juez cívico y remitida a los separos, donde fue hallada sin vida tres horas después.

La CNDH señaló que a pesar de que las autoridades locales sabían de los antecedentes de violencia familiar contra la víctima, no se investigó el caso bajo la perspectiva de género, tampoco se trató como un posible feminicidio, ni se reconoció la violación a su derecho a vivir una vida libre de violencia.

Además, al momento de la detención no consideró la condición de salud de la víctima, las autoridades no la canalizaron a una institución o con un especialista en psicología o trabajo social, lo que agravó la situación.

La CNDH solicitó que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEH)  y la presidencia municipal de Salina Cruz reparen integralmente el daño a las víctimas indirectas, otorgando compensación, atención psicológica y tanatológica, asesoría jurídica gratuita para dar seguimiento a los procedimientos administrativos, civiles y penales.

Además de colaborar con las investigaciones correspondientes e impartir cursos de formación especializada en materia de derechos humanos para evitar situaciones similares, así como exhortar al personal de ambas dependencias a llevar su actuación apegada a los principios de perspectiva de género, combate a la corrupción y máximo respeto a los derechos humanos.

“Es fundamental que las acciones preventivas y formativas en el servicio público se implementen de manera efectiva para combatir la corrupción y garantizar el respeto a los derechos humanos”, sostuvo el organismo.

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