Crímenes contra defensores del territorio y opositores a megaproyectos, deuda urgente por atender en Oaxaca
La administración saliente restó atención a garantizar la integridad de activistas y deja alto grado de impunidad en asesinatos y ataques, sostiene director de Educa
Oaxaca de Juárez.– La administración estatal saliente dejará un “déficit profundo” en materia de derechos humanos y un alto grado de impunidad en el asesinato de personas defensoras comunitarias, de derechos humanos y del territorio, sostiene Marcos Leyva Madrid, director de Servicios para una Educación Alternativa (Educa), organización que promueve la justicia y la equidad en la sociedad oaxaqueña.
La defensa de los derechos humanos y garantizar la integridad de quienes los defienden, afirma Leyva Madrid, no fue particularmente una actividad retomada por la actual administración, que concluye el próximo 30 de noviembre de 2022 para dar paso al gobierno que encabezará Salomón Jara Cruz, emanado del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Tan solo en los últimos cuatro años del actual gobierno fueron asesinados 33 defensores y defensoras de derechos humanos. Estos homicidios, dice, también forman parte de las cifras rojas de la actual Presidencia de la República, con Andrés Manuel López Obrador al frente.
La mayoría de estos crímenes permanecen como casos sin resolver y en consecuencia, se encuentran en la impunidad. “En ninguno de estos asesinatos ha habido un avance en materia de justicia, no hay nadie detenido y la procuración de justicia en términos de los defensores y defensoras es nula. Entonces ha sido, creo, un sexenio en donde los derechos humanos no han sido parte de este gobierno”, declara el director de esta organización.
El estado más violento
Oaxaca es la entidad del país con el mayor número de personas defensoras asesinadas y también con la cifra más alta de agresiones contra activistas, según los informes presentados por Educa y el Comité Cerezo, entre otras organizaciones y asociaciones civiles.
De acuerdo con un reporte presentado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), hasta agosto pasado ocho de un total de 25 asesinatos documentados en el país se registraron en Oaxaca en contra de personas defensoras del medio ambiente, de las cuales, dos se tratan de probables ejecuciones extrajudiciales.
Para Marcos Leyva Madrid son varios los factores que han provocado esta violencia contra los defensores de derechos humanos, del territorio y comunitarios en la entidad.
El primero de ellos, explica, está relacionado con una cuestión estructural en la que hay una “enorme impunidad”, resultado de la política caciquil y caciques que todavía existen o se mantienen en muchos lugares de Oaxaca.
“Un ejemplo es la Costa, donde [están los] compañeros del Consejo [de Pueblos Unidos] por la Defensa del Río Verde (Copudever), que en menos de año y medio mataron a seis compañeros y que obviamente tiene qué ver con la presencia de familias caciquiles en la Costa.
“Esa estructura no ha sido tocada por el actual gobernador y se mantiene, es más, se mantiene porque le sirve a los intereses de este gobierno”, afirma.
A la estructura caciquil que impera en las comunidades, así como la impunidad que permea en estos crímenes, se suma la falta de una Fiscalía General de Oaxaca (FGEO) que realmente asuma su tarea de investigar este tipo de acciones contra defensoras y defensores, señala.
Megaproyectos, factor de riesgo
Otro de los factores, dice, es el tema de los megaproyectos, como es la construcción del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), los proyectos mineros y las presas hidroeléctricas que están impactando en las comunidades en materia de violencia hacia los defensores y defensoras del territorio.
“Esas perspectivas o situaciones se van conjuntando y van creando un clima que no ayuda a que los defensores y defensoras realicen su trabajo, sino al contrario, permite que sean hostigados, perseguidos, difamados y hasta asesinados”.
El director de Educa afirma que desde las prácticas gubernamentales o la perspectiva del gobierno hay una acción sistemática de no garantizar los derechos humanos.
El activista acusa que en ninguna de las dependencias o instancias de la administración pública actual hay un compromiso efectivo para garantizar los derechos humanos, lo cual se refleja en sus políticas públicas o en sus programas sociales.
Filogonio Martínez Merino fue uno de los últimos activistas en ser asesinados, el 26 de octubre pasado. Además de cumplir con un periodo como comisario ejidal de Paso de la Reyna, también defendió durante 15 años el Río Verde contra el proyecto hidroeléctrico que lleva el nombre de la comunidad.
Fidel Heras Cruz, Noé Robles Cruz, Raymundo Robles Riaño, Gerardo Mendoza Reyes y Jaime Jiménez Ruiz son los otros cinco defensores del río asesinados desde 2021.
Un día después del asesinato de Filogonio Martínez, el 27 de octubre, también fue asesinado Jesús Manuel García Martínez, activista y comunero zapoteca, opositor a las obras del CIIT, en el Istmo de Tehuantepec.
En manos del próximo sexenio
Marcos Leyva considera que el nuevo gobierno de Salomón Jara deberá revisar el tema de la procuración de justicia y generar los cambios necesarios para asentar sistemas de protección de personas defensoras y periodistas, con el fin de acabar con la impunidad.
“Sabemos que es un reto bastante fuerte, pero es sumamente importante y necesario que se haga, que se tomen las acciones por lo menos para ir sustentando las bases para atacar esta impunidad que existe”.
Aunque el activista apunta que la impunidad está relacionada mayormente con el trabajo que realiza la fiscalía de Oaxaca, que es un organismo autónomo, también es cierto que el gobernador en turno debe dar cuenta de los avances y resultados en la procuración de justicia.
También opina que otro gran reto del nuevo gobierno es que considere opciones económicas más allá de los megaproyectos, que vea que existen economías locales y regionales que pueden ayudar a fortalecer los procesos.
