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La mayoría de estos crímenes permanecen como casos sin resolver y en consecuencia, se encuentran en la impunidad. “En ninguno de estos asesinatos ha habido un avance en materia de justicia, no hay nadie detenido y la procuración de justicia en términos de los defensores y defensoras es nula. Entonces ha sido, creo, un sexenio en donde los derechos humanos no han sido parte de este gobierno”, declara el director de esta organización.
Para Marcos Leyva Madrid son varios los factores que han provocado esta violencia contra los defensores de derechos humanos, del territorio y comunitarios en la entidad.
El primero de ellos, explica, está relacionado con una cuestión estructural en la que hay una “enorme impunidad”, resultado de la política caciquil y caciques que todavía existen o se mantienen en muchos lugares de Oaxaca.
“Un ejemplo es la Costa, donde [están los] compañeros del Consejo [de Pueblos Unidos] por la Defensa del Río Verde (Copudever), que en menos de año y medio mataron a seis compañeros y que obviamente tiene qué ver con la presencia de familias caciquiles en la Costa.
“Esa estructura no ha sido tocada por el actual gobernador y se mantiene, es más, se mantiene porque le sirve a los intereses de este gobierno”, afirma.
A la estructura caciquil que impera en las comunidades, así como la impunidad que permea en estos crímenes, se suma la falta de una Fiscalía General de Oaxaca (FGEO) que realmente asuma su tarea de investigar este tipo de acciones contra defensoras y defensores, señala.
“Esas perspectivas o situaciones se van conjuntando y van creando un clima que no ayuda a que los defensores y defensoras realicen su trabajo, sino al contrario, permite que sean hostigados, perseguidos, difamados y hasta asesinados”.
El director de Educa afirma que desde las prácticas gubernamentales o la perspectiva del gobierno hay una acción sistemática de no garantizar los derechos humanos.
El activista acusa que en ninguna de las dependencias o instancias de la administración pública actual hay un compromiso efectivo para garantizar los derechos humanos, lo cual se refleja en sus políticas públicas o en sus programas sociales.
Filogonio Martínez Merino fue uno de los últimos activistas en ser asesinados, el 26 de octubre pasado. Además de cumplir con un periodo como comisario ejidal de Paso de la Reyna, también defendió durante 15 años el Río Verde contra el proyecto hidroeléctrico que lleva el nombre de la comunidad.
Fidel Heras Cruz, Noé Robles Cruz, Raymundo Robles Riaño, Gerardo Mendoza Reyes y Jaime Jiménez Ruiz son los otros cinco defensores del río asesinados desde 2021.
Un día después del asesinato de Filogonio Martínez, el 27 de octubre, también fue asesinado Jesús Manuel García Martínez, activista y comunero zapoteca, opositor a las obras del CIIT, en el Istmo de Tehuantepec.
Marcos Leyva considera que el nuevo gobierno de Salomón Jara deberá revisar el tema de la procuración de justicia y generar los cambios necesarios para asentar sistemas de protección de personas defensoras y periodistas, con el fin de acabar con la impunidad.
“Sabemos que es un reto bastante fuerte, pero es sumamente importante y necesario que se haga, que se tomen las acciones por lo menos para ir sustentando las bases para atacar esta impunidad que existe”.
Aunque el activista apunta que la impunidad está relacionada mayormente con el trabajo que realiza la fiscalía de Oaxaca, que es un organismo autónomo, también es cierto que el gobernador en turno debe dar cuenta de los avances y resultados en la procuración de justicia.
También opina que otro gran reto del nuevo gobierno es que considere opciones económicas más allá de los megaproyectos, que vea que existen economías locales y regionales que pueden ayudar a fortalecer los procesos.
