De los 106 municipios que no han creado instancias de la mujer en Oaxaca, la mayoría son indígenas
Los 570 ayuntamientos del estado están obligados por la ley a abrir órganos especializados en género; de no hacerlo, faltantes se harán acreedores a sanciones hasta económicas
Oaxaca de Juárez.— Aunque Oaxaca es el primer estado del país que cuenta con una ley que obliga a sus 570 municipios a instalar una Instancia Municipal de la Mujer (IMM) y también es el primero en reglamentar su operación, a la fecha sólo se han abierto 464 de estas dependencias.
A los municipios faltantes se les otorgó un tercer plazo para acatar la disposición oficial, cuya ley fue avalada por el Congreso local.
De acuerdo con la diputada de Morena Hilda Pérez Luis, quien propuso la ley para regular las instancias municipales de la mujer en Oaxaca, esta legislación se trata de una reforma a la Ley Orgánica Municipal que se aprobó en septiembre de 2019, en la que se contempla la obligación de los ayuntamientos en materia de género.
“Sí creo que han avanzado, pero no como debería ser. Antes no se contaba con lineamientos y figuras que le dieran certeza jurídica”, apunta la diputada.
Por ello, reconoce que en el camino de creación de las instancias municipales, al no existir lineamientos reguladores, los cabildos crearon las IMM como departamentos que dependían de otras instancias.
En entrevista con EL UNIVERSAL, tras haber participado en la presentación del Manual para fortalecer las capacidades institucionales de las IMM, subraya que la ley obliga a los municipios a otorgarles un patrimonio y presupuesto propios para su operación.
A nivel municipal, dentro de las comunidades, se busca que sean mujeres que vivan en la localidad quienes queden al frente de las IMM, o al menos que tengan seis meses de radicar en el lugar y tengan conocimientos de políticas de género.
Asimismo, algunos municipios contratarán personal para la IMM, mientras que otros capacitarán a servidoras públicas del ayuntamiento para hacerse cargo de la instancia.
Respecto a los otros 106 municipios que no han instalado sus instancias, tienen hasta el próximo 12 de marzo para hacerlo y presentar sus proyectos de trabajo, de lo contrario, los ayuntamientos faltantes se harán acreedores a una sanción administrativa y, posteriormente, económica.
Respecto a la omisión de las autoridades para instalar su IMM, la legisladora explica que, en la mayoría de los casos, esto se debe a que en los municipios regidos por sistemas normativos indígenas (usos y costumbres), las autoridades se renuevan anualmente, por lo que la reciente entrada en funciones de un nuevo cabildo ha aplazado la aplicación de la política de género.
“Ante el desacato de la ley se puede hacer una denuncia ante el Órgano Interno de Control, tras la que los ayuntamientos pueden quedar sujetos a una sanción”, reitera la legisladora. Pasado el plazo, el Congreso local exigiría a las autoridades estatales que se finquen responsabilidades a los municipios correspondientes.
El pasado 4 de febrero, en la presentación del Manual de operación de las IMM, representantes de los 570 municipios fueron informados sobre las obligaciones que marca la ley para la instalación y operación de las instancias, por lo que las autoridades deberán dotar de lo necesario a los nuevos organismos y, según su contexto local, crear un plan de trabajo.
“Ponerlas en práctica es un gran reto, pero es a través de las instancias que podremos lograr disminuir la violencia de género”, asevera la legisladora.
Aunque más de 100 municipios no han instalado su IMM, la diputada señala que sí hay disposición de los ayuntamientos en incorporar el organismo, sobre todo, luego de que por la pandemia la violencia de género ha aumentado en diversos municipios, incluyendo aquellos que no figuran entre los 40 que fueron incluidos en la Declaratoria de Alerta de Género.
En su comparecencia ante los legisladores locales, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPO), Ernesto Salcedo Rosales, reconoció un alza en la violencia contra las mujeres durante el periodo de aislamiento. Según cifras oficiales, sólo durante 2020 en la entidad fueron asesinadas 100 mujeres, de las cuales, sólo 38 se indagan como feminicidio.
Ante ello, las y los diputados emitieron exhortos a la dependencia, así como a la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO) para conocer las acciones que se realizan ante un reporte de violencia, recuerda Pérez Luis.
Y apunta que las IMM están facultadas por la ley como un organismo especializado y con perspectiva de género y derechos humanos para producir políticas públicas de género hacia la prevención, detección, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Es decir, las IMM supervisarán la aplicación de programas y mecanismos institucionales que promuevan la no violencia contra las mujeres. Además, difundirá las estrategias que apuestan por la defensa de sus derechos.
