Declaran a Oaxaca en “alerta máxima” por violencia feminicida; activistas exigen acciones urgentes

En un documento, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad recordó que el martes pasado, Virginia y Adriana Ortiz García, integrantes del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT) fueron asesinadas en el centro de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Ambas eran  hermanas de la también activista y defensora de derechos humanos, Emelia Ortiz García.

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Este atentado, ni es aislado, ni es casual. Las dos mujeres asesinadas recientemente y la activista Emelia Ortiz, son primas también de las jóvenes Virginia y Daniela, víctimas de desaparición forzada en el año 2007, durante la administración del gobernador priista Ulises Ruiz Ortiz; su paradero aún es incierto.

También está el caso de Soledad C.G., de 20 años, reportada como desaparecida desde el 31 de octubre en Tuxtepec, y quien tras cinco días de búsqueda fue localizada sin vida.

A esta cadena de feminicidios impunes hasta el momento, se agrega la desaparición de la defensora de derechos humanos y abogada ayuuk, Sandra Domínguez Martínez, quien lleva 34 días desaparecida.

"Ante estos lamentables hechos, quienes suscribimos, mujeres defensoras de derechos humanos, activistas, mujeres integrantes de organizaciones de la sociedad civil, familiares de víctimas de feminicidio: ¡Denunciamos que Oaxaca hoy se encuentra en Alerta Máxima!", señala el texto.

Indicaron como indignante que ninguna mujer, tenga la edad que tenga y la región donde viva, pueda estar segura frente a la descomposición y falta de capacidad del Estado de garantizar la vida y la seguridad. 

"Denunciamos la estrategia del Estado de querer inhibir la protesta y voz de las familias de las personas desaparecidas y víctimas de feminicidio", cita el texto.

Asimismo, denunciaron la ineptitud y desarticulación de las instituciones de gobierno, la omisión del Estado para priorizar la atención de agresiones a mujeres con perspectiva de género y, sobre todo, el nulo interés por garantizar la vida de las mujeres. Además, aseguraron que hay un andamiaje institucional responsable de esta ineficacia al momento de aplicar los protocolos de búsqueda y atención de violencia.