A un año del desplazamiento forzado de 72 familias de Buenavista, comunidad de Santiago Yosondúa, la Secretaría de Gobierno de Oaxaca (Sego) solicitó a las partes en conflicto reanudar las mesas de negociación.
En un comunicado, la dependencia estatal precisó que en total son 185 personas desplazadas a través de la violencia por una disputa agraria de más de 77 años por la titularidad de una superficie de mil 625 hectáreas entre Santa María Yolotepec y Santiago Yosondúa.
La Sego demandó “deponer posturas extremas, privilegiar el diálogo y construir acuerdos que permitan avanzar hacia una solución pacífica del conflicto agrario”.
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Y señaló que la prioridad es generar las condiciones necesarias para un retorno gradual, seguro y voluntario de las familias desplazadas.
De la misma manera, negó que no se haya dado atención a las personas que fueron desplazadas violentamente de sus hogares y que desde hace casi un año sobreviven en la azotea del palacio municipal de Santiago Yosondúa.
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Según la Sego, a través de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos (CADH), la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAAV), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se ha brindado atención humanitaria, médica y psicológica, ha realizado recorridos y censos, entregado apoyos e instalado mesas de diálogo con ambas comunidades.
“Durante 2026 se fortaleció esta ruta de conciliación, alcanzando acuerdos orientados a preservar la paz, atender la problemática agraria y generar condiciones para el retorno de las familias”, aseguró.
Las familias, por su parte, denunciaron que a un año de su desplazamiento forzado viven gracias a los apoyos en alimentos que les ofrecen habitantes y autoridades municipales de Santiago Yosondúa; y carecen de sus derechos a la salud y a la educación, entre otros.
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Mientras tanto, presentaron una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de que se emita una resolución en la que se ordene al Estado mexicano que garantice las condiciones para que puedan volver a sus hogares con seguridad.
La Sego informó que mantiene abierta la vía de la conciliación y llamó a ambas comunidades a anteponer el bienestar de las familias a cualquier diferencia.
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