Oaxaca de Juárez.— La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (
DDHPO) dictó
medidas cautelares a la
saxofonista María Elena Ríos, luego de que la joven pidió su intervención tras ser desalojada por elementos de seguridad de la segunda función de la
Guelaguetza, por haber extendido una manta con la leyenda “
Oaxaca feminicida”.
La joven mixteca, sobreviviente de un intento de feminicidio, denunció violaciones a su derecho humano a la libre manifestación de ideas, cometidas tras su protesta que llevó a cabo en el Auditorio Guelaguetza, durante la emisión vespertina del Lunes del Cerro, en el se pronunció por las al menos 79 mujeres asesinadas en Oaxaca en lo que va del año.
Tras comunicarse con la también activista, el organismo autónomo inició el expediente DDHPO/1141/(01)/OAX/2022, a través del cual requirió a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que adoptara una medida cautelar, que consiste en “abstenerse de causar perjuicio a la persona, familia, bienes, posesiones o derechos de María Elena Ríos Ortiz”.
La Defensoría también resaltó la importancia de que los Estados sean sensibles a “la exigencia de justicia de las mujeres en un contexto histórico de serias violaciones a sus derechos”.
La protesta de la saxofonista se da luego de una serie de manifestaciones que la joven ha hecho para exigir la detención del presunto quinto partícipe del ataque con ácido del que María Elena fue víctima en 2019, identificado como Juan Antonio Vera Hernández, hijo del exdiputado del PRI Juan Antonio Vera Carrizal, señalado como el presunto autor intelectual.
María Elena explica a
EL UNIVERSAL que decidió hacer la protesta pacífica en nombre de todas las mujeres asesinadas en Oaxaca. El
Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos (GES Mujer) documenta en la que va de la actual administración, 660 asesinatos violentos de mujeres.
Asimismo, narra que tras desplegar la manta, ésta le fue arrebatada y decenas de elementos de seguridad la sacaron por la fuerza del Auditorio Guelaguetza.
Tras dictar las mediadas cautelares, la DDHPO hizo un llamado para que se refuerce, en la política interior de Oaxaca, acciones que lleven a cumplir con las obligaciones generales establecidas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, así como en las derivadas de la Convención de Belém do Pará, en materia de protección de los derechos humanos de las mujeres.
También pidió que las instituciones responsables de erradicar la violencia contra las mujeres, brinden confianza a las víctimas para su protección y no incurran, de ninguna manera, en actos que las agravien.
“Los tratados internacionales firmados por México y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia constituyen instrumentos normativos con propósitos muy claros que buscan eliminar la violencia y la discriminación que, en algunos casos, viven las mujeres de nuestro país”, señaló la Defensoría.
Y pidió a la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca que rinda un informe sobre lo ocurrido en el marco de la protesta, así como la intervención que efectuaron los elementos policiacos.
Al respecto, la SSPO justificó sus acciones argumentando que la manta de María Elena obstaculizaba la visibilidad a las y los asistentes a la Guelaguetza y que fueron éstos los que forcejearon con María Elena y su hermana, quienes sostenían la manta.
Asimismo, añade que la policía sólo hizo presencia para “disuadir el conflicto” y evitar un incidente mayor, por el número de asistentes: además, justifica que los elementos de seguridad no tocaron a la joven en ningún momento. Lo anterior a pesar de que en los videos difundidos se aprecia el forcejeo y desalojo de Ríos Ortiz por diversos policías empleados para disuadir la protestas pacífica de sólo dos personas.
Asimismo, la SSPO señala que la dependencia se mantendrá atenta ante los requerimientos de cualquier carpeta de investigación que se inicie por el caso, a fin de "evitar la impunidad”. Y que se dará “seguimiento puntual” a cualquier denuncia formal por agresión o por cualquier otra acción intimidatoria interpuesta por las afectadas.
“El Gobierno de Oaxaca reitera su compromiso con las libertades de expresión y manifestación, así como su responsabilidad de garantizar la seguridad en todo momento para el pueblo”, se lee en el comunicado oficial.
Como respuesta, María Elena Ríos señaló a través de Twitter que la intención del comunicado es, "limpiar la imagen y borrar los feminicidios de Oaxaca a través del lucro de la cultura oaxaqueña a través de una Guelaguetza privatizada”.
Tras los hechos, organizaciones feministas, integrantes de la sociedad civil y mujeres indignadas rechazaron la agresión de la cual fue víctima la saxofonista oaxaqueña, “cuando ejercía su legítimo derecho a la manifestación”.
A través de un pronunciamiento público y firmado por 108 organizaciones feministas y asociaciones civiles y 220 activistas y mujeres a título personal de todo el país, mostraron su indignación ante “esta agresión en la cual se le revictimiza, y condenaron la violencia física que sufrió al manifestarse de forma pacífica en exigencia de justicia”.
También exigieron al Fiscal General del Estado de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, que ejecute la orden de aprehensión en contra de Juan Antonio Vera Hernández.
Además, las colectivas y organizaciones de mujeres firmantes, demandaron una investigación y sanción inmediata por el desalojo, pues señalaron que existen videos públicos que hacen evidente la identidad de los agresores y de sus superiores jerárquicos.
