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Destaca el Estado de México, con 93 casos, Nuevo León 67 y la Ciudad de México 52 casos. Estas tres entidades concentran el 49 por ciento de las carpetas abiertas en los primeros siete meses de este año.
En este listado le siguen Tamaulipas con 28 casos, Querétaro 22, Baja California y Guanajuato 18 casos cada uno. También se ubicaron los estados de Hidalgo con 15, Veracruz 14 y Michoacán 13.
Además de Aguascalientes y Sonora con 10 casos cada uno, Baja California Sur y Morelos con siete casos cada uno; Chiapas, Jalisco, Oaxaca y San Luis Potosí con seis casos cada uno; Zacatecas cinco casos, Coahuila, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa y Tabasco con cuatro casos cada uno; así como Chihuahua, Guerrero y Nayarit con tres casos cada entidad.
No cumplir con esa obligación, dijo, constituye violaciones a sus derechos humanos y trastoca su dignidad, su proyecto de vida, su autonomía, su libre desarrollo de la personalidad al anular su derecho a decidir y a su derecho a vivir una vida libre de violencia.
También denunció que es sumamente preocupante que, con motivo de las legislaciones locales en facto regresivas, mujeres se encuentren posiblemente enfrentando procesos o sentencias en centros penitenciarios del país, mayormente en aquellos estados donde se conjuntan contextos arraigados de pobreza, marginación, falta de acceso a servicios médicos, a información sobre sus derechos sexuales y reproductivos, a una cultura patriarcal y/o religiosa.
“Obligando a que, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, conforme a los principios pro persona, libertatis y de igualdad y no discriminación, contribuyan de manera pronta a que dichas mujeres obtengan su libertad, no hacerlo, se traduce en una retención ilegal de su libertad que conlleva a la transversalidad de múltiples derechos humanos vulnerados, lo cual genera una grave responsabilidad para el Estado Mexicano y sus instituciones”.
