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Según el legislador, es necesario saber que los municipios y las entidades estatales fueron seleccionadas con base en criterios racionales y que no fue una lista elaborada a modo, de manera arbitraria.
“Lo que abriría la puerta a especulaciones sobre corrupción, en un ente que debería ser de probidad incuestionable”, aseguró.
Sosa Villavicencio explicó que el OSFEO publicó su programa anual auditorías 2022 en el que informa que se realizarán 92 auditorías (12 de ellas a entes estatales y 80 a municipio), 84 son entes fiscalizables: 80 municipios, una dependencia del gobierno del estado: la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial y tres órganos públicos descentralizados: la Comisión Estatal del Agua, Caminos y Aeropistas de Oaxaca, y el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa.
De acuerdo con el órgano fiscalizador, señala el diputado de Morena, para la conformación de esta lista se consideraron una serie de variables entre las que se encuentran la existencia de denuncias ciudadanas, el presupuesto asignado, seguimiento a las auditorías realizadas anteriormente y la existencia de aspectos susceptibles de mejora, entre otros.
Sin embargo, sostuvo, no dice cómo se articuló u operó cada una de esas variables en el caso concreto de cada dependencia para determinar la selección que figura en su listado final de entes a fiscalizar.
Mientras que en el caso de los ayuntamientos, el OSFEO estableció que las variables que se tomaron en cuenta son la autonomía y gestión administrativa, el sistema de cada uno para determinar a sus autoridades, y el recurso federal que reciben; además, menciona también como variables consideradas otras 15 entre las que se encuentran las denuncias y solicitudes de fiscalización, resultados de auditorías anteriores, antecedentes de fiscalización, índice de rezago social, la presentación de informes de avance de gestión financiera y el índice de calidad de información.
“Como en el caso de las dependencias estatales, el OSFEO tampoco explica cómo determinó qué ayuntamientos serán auditados. Solamente dice que aplicó esas variables pero no expone de qué manera dichas variables fueron operativizadas y aplicadas a cada uno de los ayuntamientos, para determinar finalmente las 80 que aparecen en su listado y por qué fueron esos y no cualesquiera otros de los 490 ayuntamientos restantes”, argumentó.
Esa falta de claridad, según Horacio Sosa, “se presta a la posibilidad de que la definición de los órganos a fiscalizar pueda ser arbitraria y por lo tanto, sujeta a los intereses de quienes elaboren las listas o a los intereses de los grupos políticos a los que pudiesen pertenecer o servir consustancialmente”.
De la misma forma, aseguró que también se presta a actos de extorsión a ciertas autoridades “bajo la amenaza de figurar o no en la lista de entes a ser auditados como moneda de cambio por favores políticos, o recurso para el ajuste de cuentas o revancha política”.
