Dicta Defensoría del Pueblo de Oaxaca medidas cautelares para 128 familias desplazadas de Juquila Mixes
Urge a la Fiscalía estatal a implementar las medidas de protección necesarias a las personas que resulten víctimas directas e indirectas
Oaxaca de Juárez.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) dictó medidas cautelares tendientes a garantizar la vida de las personas en situación de desplazamiento a favor de 128 familias desplazadas de Guadalupe de Victoria, localidad del municipio de San Juan Juquila Mixes.
También, mediante un comunicado, condenó el asesinato del defensor comunitario y representante de estas familias desplazadas, Crispín Reyes Pablo.
En las medidas cautelares solicitó a la Fiscalía General de Justicia del Estado implementar las medidas de protección necesarias a las personas que resulten víctimas directas e indirectas, a fin de garantizar su integridad, además de pedir información sobre la carpeta de investigación iniciada.
Mientras que a la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSPO), llevar a cabo recorridos de vigilancia en la zona en conflicto, para evitar la repetición de estos hechos, o cualquier otro de violencia.
Informó además que personal del organismo estableció contacto con la familia del defensor comunitario para ofrecerles acompañamiento ante las diversas instancias de procuración y administración de justicia.
“Las y los defensores de derechos humanos son fundamentales en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, pues les dan voz a grupos históricamente invisibilizados, por ello, las agresiones en su contra afectan a toda la población y dejan en la indefensión a las personas que apoyan”, afirmó.
Según la DDHPO entre enero de 2015 y hasta el primer semestre de este 2022, ha iniciado 272 indagatorias relacionadas con agresiones cometidas contra personas defensoras de derechos humanos, de las cuales, el 32 por ciento tienen que ver con detenciones arbitrarias.
De enero de 2019 y hasta el primer semestre de 2022 inició 10 expedientes por homicidios de personas defensoras y activistas, así como dos expedientes por la desaparición de las defensoras Claudia Uruchurtu e Irma Galindo.
“Para la Defensoría, el homicidio de Crispín Reyes Pablo se registra en un contexto de desplazamiento, lo que representa un riesgo agravado por la propia defensa que realizaba, así como por los cacicazgos locales a los cuales hacía frente”.
Asimismo, aseguró que el desplazamiento forzado interno además de vulnerar el derecho a circular libremente y a elegir el lugar de residencia, implica la vulneración de múltiples derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
