En todas las entidades federativas del país hay más mujeres que hombres en situación de pobreza laboral; en México el tema de la economía y las juventudes es un ejemplo más de la reproducción de esquemas estructurales que generan desigualdad y les aleja de una vida digna.
Esto, debido a que persisten e incluso se agudizan altos grados de exclusión social de las personas jóvenes, lo cual se refleja en las tasas de desempleo. “Se mantienen o elevan las probabilidades de que practiquen conductas que ponen en riesgo y violentan su integridad, y hoy no hay indicios de que su participación en la toma de decisiones se vuelva más activa”, agregó.
Explicó que este panorama económico desfavorable se entrecruza con otras problemáticas que afectan el desarrollo integral de las juventudes, tales como la falta de garantía de los derechos sexuales y reproductivos -propiciando embarazos tempranos-, el acceso al derecho a la salud, a la educación y a una casa propia.
Sin embargo, éste no es el único obstáculo, pues al estrés financiero se agregan otros problemas estructurales que dificultan el acceso a trabajos dignos. De acuerdo con datos estadísticos de la organización México, cómo vamos, durante el primer trimestre de 2023, en 30 entidades la tasa de informalidad laboral es mayor para las mujeres que para los hombres.
Mosqueda Rivera expuso que existe un problema estructural del mercado laboral: la baja escala de reconocimiento laboral de las mujeres en diversos ámbito, mientras que otra falla estructural del mercado laboral mexicano es la informalidad laboral.
Dijo que en Oaxaca únicamente dos de cada 10 mujeres ocupadas -en actividades no agropecuarias- cuentan con un vínculo laboral reconocido por su fuente de trabajo.
Sin embargo, opinó que dichas problemáticas se pueden erradicar con un buen sistema económico que permita que las juventudes participen activamente en los procesos de desarrollo económico y social, el cual a la vez, abone a reducir la pobreza y los índices de desigualdad socioeconómica.
“Resulta prioritario generar posibilidades de trabajo remunerado para las mujeres jóvenes con condiciones dignas, con goce de los derechos laborales garantizados en las leyes y libres de violencia de género para fortalecer su independencia económica y autonomía”, demandó.
“A nivel legislativo no vemos alguna propuesta para proteger el derecho al trabajo de las juventudes, el derecho a la vivienda, como lo están planteando las juventudes en otros países, como por ejemplo tener derecho a una vivienda para la población joven que aún no se puede independizar por no tener ingresos suficientes”, finalizó.