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Esto, porque tras una serie de asambleas sobre el avance del Plan de Apoyo a Personas Afectadas por el huracán Agatha, realizadas por el propio gobernador Salomón Jara, se han encontrado indicios de desvío de recursos en al menos cuatro municipios, a lo que se suma la fuga de dos ediles, uno de ellos llevándose 25 millones de pesos, por lo que ya fue destituido.
“En resumen, no es nada bueno cómo usaron los recursos (...) hay presidentes municipales que han dejado mucho que desear con su actuación”, reconoció el propio mandatario.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Yesenia Nolasco, subsecretaria de Fortalecimiento Municipal de la Secretaría de Gobierno (Sego) reconoce que derivado de la decisión del Presidente de entregar los recursos directamente a los ediles, en montos que iban de entre 25, 30 y 50 millones de pesos, se ha detectado “mucho abuso de las autoridades” y pone como ejemplo lo sucedido en comunidades como San Mateo Piñas, Xanica, Pluma Hidalgo y Río Hondo.
En el primero de ellos, recuerda, el entonces presidente Tomás Victorio García no sólo no atendió la emergencia, sino que huyó con 25 millones de pesos y actualmente es buscado por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO). Mientras que en Río Hondo, la autoridad “no ha presentado los expedientes técnicos y financieros por completo ante las dependencias”, por lo que puede presumirse que hay irregularidades.
“El Presidente lo hizo de muy buena fe y mandó el recurso directo a las autoridades para que ante el pueblo y mediante asambleas decidieran cómo ejecutar sus recursos, pero hubo muchos abusos de muchas autoridades”, dice convencida.
La funcionaria explica que, por ahora, los 31 municipios van a ser fiscalizados y en su momento se va a informar qué es lo que procede o “contra quiénes se van a fincar cargos correspondientes por la desviación de recursos de este apoyo”.
Aunque agrega que la Sego sólo da acompañamiento, señala que el gobierno estatal dará a conocer “todas las denuncias contra quienes no entreguen cuentas claras al gobierno, pero sobre todo al pueblo que los eligió pacíficamente”.
Para María Marván Laborde, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, lo que pasa en Oaxaca es una muestra del “fracaso” de esta política de entregar recursos sin mecanismo de control ni reglas de operación, para evitar prácticas de corrupción.
Para la especialista, es paradójico que nunca se demostró la presunta corrupción en el Fonden y no hay un solo funcionario encarcelado, tras la entrega de recursos de forma directa, esto ya ha quedado demostrado.
“La idea de que el pueblo no se corrompe es demagogia pura, que separa a los buenos de los malos. Lo que vemos es que en arca abierta hasta el más justo peca y que este dinero no se entregó en una lógica de política pública”, detalla.
Dice que en la misma entrega de recursos debería establecerse el mecanismo de rendición de cuentas y es por ello que de forma independiente a la responsabilidad de los ediles, alguien del gobierno federal debe responder por facilitar estos desvíos y no vigilar el dinero público.
“De poco va a servir a los pobladores de estos municipios de Oaxaca que ahora se investigue qué es lo que pasó con el dinero que ya se robaron, que ya no llegó a donde debía”, finaliza.
