Del total de 225 personas defensoras asesinadas, 140 eran indígenas, una afromexicana. El 62% de las personas defensoras asesinadas pertenecían a un pueblo indígena y 57 % eran campesinas. “La conclusión que se desprende es que los mataron porque, además de ser defensores, eran indígenas y campesinos”.
Además, en 42 de estos 225 casos, las organizaciones señalan al Estado mexicano como responsable de haber cometido una ejecución extrajudicial.
“El propósito de la presentación de estos resultados es honrar la memoria de todas las personas que ofrendaron su vida en la lucha de defender derechos, así como llamar la atención del Estado y la ciudadanía, sobre la grave crisis de seguridad a la que se enfrenta el trabajo de defensa de derechos humanos”.
De los homicidios y desapariciones forzadas ocurridas en México, durante este periodo, 20% se cometieron contra mujeres y personas de la diversidad sexual: Hombres 202 casos; Mujeres 39 y 11 casos de personas de la diversidad.
“En 2 de 3 casos, los poderes fácticos y las autoridades locales han sido señaladas como presuntos responsables de estos asesinatos. Este dato contrasta con el contexto de sexenios pasados, cuando autoridades federales fueron señaladas por participar en ataques contra la vida de personas defensoras”, dice.
El informe de Educa advierte que la desaparición forzada sigue siendo un mecanismo para inhibir la defensa de derechos.
En total de los 252 casos, 51 personas defensoras fueron víctimas una desaparición forzada, 23 personas defensoras permanecen en condición de desaparecidas, 24 personas defensoras fueron asesinadas y 4 personas defensoras aparecieron con vida. Esto representa solamente el 8% del total de 51 casos.
De las 23 personas defensoras en condición de desaparecidas, 4 son mujeres y 19 hombres. Destacan los estados Sonora: con 10 yaquis desaparecidos y Oaxaca con 3 hombres y 3 mujeres defensoras desaparecidas, entre ellos los casos de 4 mixtecos.
En el Sur-Sureste destacan 5 casos de desaparición forzada de personas defensoras en los cuales autoridades locales del partido Morena fueron denunciadas como presuntas responsables, se trata de los municipios: Amatán, Chiapas; Tlapa de Comonfort, Guerrero; Nochixtlán y San Juan Cotzocón, Oaxaca.
