Más de 300 personas desplazadas de Lomas Santa Cruz y Los Valles, comunidades de San Juan Mazatlán Mixe, se plantaron frente al palacio de gobierno de ciudad de Oaxaca para exigir un retorno seguro a sus hogares, garantías de seguridad y el restablecimiento de sus derechos a la energía eléctrica, agua potable, educación y salud.
Desde el año 2023 a la fecha, se intensificó un conflicto agrario y social entre San Juan Mazatlán y sus comunidades anexas Loma Santa Cruz, Rancho Juárez, Los Valles y San Antonio del Valles, con Santo Domingo Petapa.
Durante este periodo se han registrado bloqueos definitivos de caminos que comunican las poblaciones con el exterior, persiste el corte de suministro de energía eléctrica en nuestras viviendas y continúan las incursiones armadas dentro de nuestro territorio comunal, impulsadas desde el poder municipal de Santo Domingo Petapa.
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“Toda esta situación nos ha obligado a las familias de Loma Santa Cruz y Los Valles a desplazarnos forzosamente (a mediados de febrero de 2026) de nuestro territorio para buscar refugio temporal en la cabecera comunal de San Juan Mazatlán, Mixe. Por lo que, actualmente nos encontramos viviendo en la miseria, con estrés psicológico, exclusión social y riesgos en la salud; la cual exige respuestas urgentes y estructurales”, manifestaron.

Pese a esta situación que han denunciado reiteradamente y solicitado la intervención del gobierno del estado de Oaxaca, denunciaron que han transcurrido exactamente dos meses y los funcionarios estatales no han atendido su problemática social y territorial y, tampoco se les está brindando la atención integral necesaria que por derecho les corresponde como personas pertenecientes a comunidades indígenas y víctimas del delito de desplazamiento forzado interno.
La intervención de los funcionarios estatales, aseguraron, ha sido limitada y superficial.
“Su presencia en la comunidad se reduce a dos visitas esporádicas, marcadas más por la intención de documentar mediáticamente su intervención y tomarse las fotografías, invisibilizando de esta forma nuestras necesidades reales y básicas, lo que conlleva a la revictimización”.

En los hechos, las condiciones de las familias desplazadas sobre todo, de las niñas, niños, mujeres embarazadas y personas adultas mayores de la tercera edad, siguen enfrentando de manera severa los efectos del desplazamiento forzado interno, lo que está provocando el deterioro paulatino de su bienestar físico, mental, emocional y psicológico.
Para las familias desplazadas, esto pone en evidencia la omisión, la negligencia y la desatención institucional de nuestra problemática social, territorial y cultural por parte del Gobierno de Oaxaca y sus instituciones.
“La falta de intervención efectiva y oportuna por parte del Gobierno del Estado de Oaxaca y sus instituciones competentes, está allanando el camino hacia la repetición de actos vandálicos y violentos dentro de nuestro territorio comunal y en nuestras viviendas abandonadas, porque en lo que va de este mes de abril del año 2026, las autoridades municipales de Santo Domingo Petapa y su grupo armado se están introduciendo dentro de nuestras posesiones y viviendas para robar nuestras pertenencias que con mucho esfuerzo nos constó adquirirlas y también se están robando nuestros ganados vacunos que se encuentran dentro de nuestros potreros”.

Por ello, exigieron la intervención del gobierno federal para garantizar condiciones de seguridad y neutralidad en el tratamiento y atención integral a nuestro problema social, territorial, cultural e intercomunitario.
Actualmente, algunas de las familias víctimas de desplazamiento forzado se encuentran refugiadas en la cabecera comunal de San Juan Mazatlán, Mixe, sin condiciones reales de seguridad que les permita retornar de forma segura a sus comunidades y viviendas, para retomar nuestras vidas y recuperar la tranquilidad que nos fue arrebatada.
También exigieron una investigación pronta, imparcial y exhaustiva por los hechos violentos ejecutados en el mes de febrero del año 2026, que provocó la muerte del comunero Israel Cabrera Andrés de San Juan Mazatlán y el comunero Palemón Agustín Epitacio de Loma Santa Cruz; así como, una investigación por los múltiples delitos patrimoniales que se están cometiendo dentro de nuestro territorio comunal y vivienda.
Y finalmente, demandaron la instalación urgente de una mesa de trabajo formal con funcionarios del Gobierno de Oaxaca y del Gobierno federal, con garantías de imparcialidad, transparencia y acompañamiento de organismos de derechos humanos para exponer su problema social, territorial, cultural e intercomunitario que padecen las familias de la cabecera comunal de San Juan Mazatlán y las comunidades Loma Santa Cruz, Rancho Juárez, Los Valles y San Antonio del Valles.
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