. – Tras señalamientos mediáticos y la intervención indebida de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), sobre el cumplimiento del acuerdo de la Asamblea General de Comuneros de Santa María Tlahuitoltepec para recuperar un espacio verde que fue invadida por particulares; las autoridades locales piden respeto a sus decisiones internas.

En un comunicado, la autoridad Agraria y Municipal solicitaron a la DDHPO que, antes de emitir juicios o medidas cautelares, realice una investigación exhaustiva y técnica en el lugar de los hechos.

Esto luego de que la Defensoría emitiera un comunicado donde calificó como “hechos de violencia; riesgo de vulnerar derechos humanos de difícil o imposible reparación”, después de que las autoridades dieran cumplimiento de una decisión de la asamblea para recuperar un área verde a particulares.

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Además, la Defensoría llamó a la Secretaría de Gobierno y a la Fiscalía General del Estado, “para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones realicen las acciones y estrategias necesarias para la resolución de conflictos”, esto, en el marco de que la Asamblea General de Comuneros, es la máxima autoridad, misma que está reconocida por el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Artículos 21 y 22 de la Ley Agraria.

“Esta decisión busca preservar el patrimonio colectivo y el bienestar común de las familias de Tlahuitoltepec. Se hace saber que la recuperación del espacio en posesión de particulares, se respetaron los tiempos, procesos y múltiples notificaciones previas, otorgando las facilidades necesarias para una transición ordenada, siempre bajo el marco del derecho consuetudinario que nos rige y el respeto a la dignidad humana”, señalan las autoridades en el escrito.

Por lo que solicitaron a la Defensoría conocer el contexto del cual se ejecutó la recuperación del área y no basarse únicamente en quejas de los particulares que omitieron el contexto de los acuerdos comunitarios.

Asimismo, exigieron que cualquier intervención de la Secretaría de Gobierno o la Fiscalía General del Estado se haga bajo un estricto respeto a la autonomía y Sistemas Normativos Internos (SNI). “La paz social en nuestra comunidad se construye respetando la voluntad de la Asamblea General de Comuneros”, enfatizaron.

Por ejecutar una orden que determinó la asamblea de Santa María Tlahuitoltepec, las autoridades comunitarias han sido señaladas como violentas, y sin “autoridad”, además de adjetivos racistas y discriminatorios.

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