Gobierno federal se ampara para no indemnizar por despojo de su territorio a comunidad zoque de Oaxaca

El Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, promovió un amparo contra la sentencia que ordena la indemnización a la comunidad indígena zoque de Santa María Chimalapa por el despojo de su territorio para la constitución del Ejido Canaán, Chiapas.

La demanda de amparo fue interpuesta a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, con el número 184/2026 en el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en Oaxaca, Oaxaca.

En su sentencia, la Sala Superior Agraria resolvió que la dotación que el Gobierno Federal le otorgó, en su momento, al Ejido Canaán, Chiapas, se desprendía del territorio de Santa María Chimalapa; sin embargo, como ya estaba ocupado ese territorio por la personas pertenecientes el Ejido resolvió que es imposible materialmente, tener efectos restitutorios en favor de la Comunidad de Chimalapas; es decir, devolver su territorio.

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Por ello, la Sala Superior Agraria sentenció que el Gobierno Federal debe indemnizar a la comunidad de Santa María Chimalapa, por la pérdida de una superficie de más de 2 mil 651 hectáreas.

Jesús Esteva Gonzales, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Chimalapa, el amparo promovido por el gobierno federal para no indemnizar a la comunidad es contraria a la obligación constitucional y convencional del Estado mexicano de proteger integralmente los derechos territoriales de los pueblos indígenas y representa un precedente que pone en riesgo la integridad territorial, ambiental y cultural de su comunidad.

“Cuando una actuación del Estado reduce el nivel de protección previamente reconocido respecto de derechos territoriales indígenas o de protección ambiental, la autoridad tiene la garantía constitucional de justificar plenamente dicha medida”, señaló en un comunicado firmado también por las autoridades agrarias.

En consecuencia, sostuvo, cualquier estrategia jurídica promovida por una autoridad federal que pueda traducirse en el reconocimiento de derechos territoriales en perjuicio de una comunidad indígena ancestral debe sujetarse al más alto estándar de escrutinio constitucional.

Y advirtió que esta demanda de amparo puede ocasionar la pérdida irreversible de patrimonio territorial indígena, la afectación al derecho colectivo de libre determinación, la fragmentación del territorio ancestral, el incremento de la deforestación y del cambio de uso de suelo, la pérdida de biodiversidad y de especies protegidas, la afectación de corredores biológicos estratégicos para México y el debilitamiento de los servicios ambientales que benefician a millones de personas.

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Así como la vulneración de derechos culturales, espirituales y de identidad del pueblo zoque, revivir añejos conflictos agrarios y socio ambientales, poniendo en riesgo la paz social de toda la región y el incumplimiento de obligaciones internacionales asumidas por el Estado mexicano.

Ante ello, exigió que todas las actuaciones del Ejecutivo Federal se conduzcan conforme al principio de máxima protección de los derechos territoriales de la Comunidad Indígena Zoque de Santa María Chimalapa.

Y que se privilegie la defensa del patrimonio ecológico, biocultural y agrario representado por el territorio comunal de Santa María Chimalapa.

También demandó que cualquier actuación relacionada con el conflicto territorial observe plenamente los derechos reconocidos en el artículo segundo constitucional, el Convenio 169 de la OIT y los instrumentos internacionales de protección de los pueblos indígenas, y que se establezca un canal de diálogo institucional con las autoridades agrarias y tradicionales de Santa María Chimalapa para garantizar la participación efectiva de la comunidad en cualquier decisión que pueda afectar su territorio.

“La defensa del territorio de Santa María Chimalapa no constituye únicamente la protección de un patrimonio agrario, sino la preservación de un ecosistema estratégico para México, del patrimonio biocultural de la Nación y del derecho histórico del pueblo indígena zoque a conservar la integridad de su territorio ancestral, derechos que el Estado mexicano tiene la obligación constitucional e internacional de respetar, proteger y garantizar”, expresó.

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