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Recordó que el 10 de enero pasado, la diputada Melina Hernández, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías, Sostenibilidad y Cambio Climático, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona una fracción y el artículo 36 bis, se reforman diversas disposiciones a los artículos 28 y 107 y se derogan las fracciones XI y XII del Artículo 98 de dicha ley.
Ante ello, piden que se reconozca y establezca la “responsabilidad extendida del productor” (REP) porque solo así se obligará a las empresas que producen y comercializan los plásticos a hacerse cargo de los residuos que sus productos generan, a contribuir financieramente a ello, para que deje ser una carga exclusiva del gobierno pagada con nuestros impuestos, y para que diseñen alternativas que sean realmente ecológicas.
Greenpeace resalta que en la exposición de motivos de la iniciativa, la diputada afirma que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó 90 días al Congreso de Oaxaca “para enmendar la situación” de la supuesta inconstitucionalidad de las fracciones XI y XII del Artículo 98 de la ley local de residuos (prohibición de PET y de unicel), lo que calificó como falso.
Explica que como parte del proceso de declaratoria de inconstitucionalidad, la SCJN emitió solamente una notificación al Congreso local y en paralelo instruyó al ministro ponente a elaborar el proyecto de resolución.
"La exposición de motivos de la iniciativa dice que la declaratoria (misma que no se ha emitido) ‘tiene efectos vinculantes’ para el Poder Legislativo del Estado. ESTO ES FALSO. No se instruye al Congreso del Estado de Oaxaca a hacer nada (sic)", cita el documento.
"Queda claro que quien escribió dicha iniciativa desconoce el contenido de los Artículos 107 de la Constitución Política y el 232 de la Ley de Amparo, ya que con la notificación comienzan a correr los 90 días para emitir la declaratoria general de inconstitucionalidad. Es mediante este instrumento que la propia SCJN establece los alcances y condiciones para la aplicación, no el Congreso del Estado de Oaxaca", continúa .
Cabe mencionar que en 2020 Oaxaca se puso ante los ojos del mundo tras aprobar una legislación que prohibía el uso de plástico y unicel; no obstante, no es la realidad que se observa en el estado.
