“Hay indicios de corrupción”, dice presidenta del Tribunal de Justicia de Oaxaca sobre juez del caso Malena

Oaxaca de Juárez.- Durante la audiencia de debate se detectaron irregularidades que podrían ser el resultado de actos de corrupción, que involucrarían al juez José Gabriel Ramírez Montaño, así explica la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Berenice Ramírez Jiménez, su decisión de que éste dejara de conocer del caso contra Juan Antonio Vera Carrizal, por la tentativa de feminicidio contra la saxofonista María Elena Ríos.

En entrevista con la Red de Mujeres Periodistas de Oaxaca añade que las irregularidades fueron reportadas por el Ministerio Público, por lo que se nombró a una juez, que tiene a su cargo el proceso, cuya audiencia de debate, desde la etapa de desarrollo de pruebas, se repetirá como fecha tentativa el próximo 21 de agosto.

Abundó que los presuntos actos de corrupción ya se investigan y pueden tener como consecuencia la inhabilitación del juez José Gabriel Ramírez Montaño, quien, por el momento, quedó fuera del caso. Y que el proceso penal es muy técnico y una situación muy particular "puede mover todo". 

Ejemplificó que las irregularidades que pueden suceder incluyen que el juez se entreviste con alguna de las partes o que existan vicios en el proceso. Y reiteró que el cambio de juez obedeció a una queja que derivó de algunas irregularidades. “La investigación se va a llevar a cabo", afirmó.

La investigación está a cargo de la Visitaduría que dará a conocer los hallazgos, a fin de determinar la responsabilidad del juez: "Esto llegará hasta las últimas consecuencias", dijo.

En fechas recientes, María Elena, en redes sociales, había señalado de forma constante las intenciones del juez de dejar en libertad a Vera Carrizal; sin embargo, sus denuncias no fueron atendidas de inmediato. La víctima también señaló a Ramírez Jiménez como cómplice de la presunta corrupción en el caso, sobre lo que ésta, señaló que son respetuosos de las víctimas y sus opiniones.

Ante ello, en lugar del juez José Gabriel Ramírez Montaño, fue nombrada la juez María Antonia Esteva Domínguez, quien expresó que no podía dictar sentencia inmediata, porque no conocía lo suficiente del caso, por lo que se canceló la boleta de libertad y se ordenó que la audiencia de debate se repita desde el desahogo de pruebas.

"Es importante señalar que las y los jueces son autónomos e independientes, por lo que son responsables de sus propias decisiones", aclaró al ser cuestionada sobre si, el que el gobernador del estado, Salomón Jara, se haya pronunciado contra el primer fallo, haya incidido en la emisión de la suspensión de la boleta de libertad.

Ante ello, dijo que es importante recordar que el Poder Judicial es un órgano totalmente independiente, por lo que, aunque trabaje en coordinación con el gobierno local, éste no incide en el quehacer del Tribunal.

Para las decisiones, dijo, hay procedimientos penales definidos, los cuales deben seguirse al pie de la letra, por lo que ninguna medida se tomó de manera arbitraria.

Por otro lado, apuntó desconocer quién filtró la carta en la que se notifica la suspensión de la boleta de libertad, pues ésta pasa por muchas manos, lo que hizo posible que se filtrara a medios de comunicación.

Cuestionada sobre la frecuencia con la que se toman decisiones como la suspensión de jueces, después de que éstos emitan fallos, indicó que no existen estadísticas y retomó que cada caso es único y particular. "Cada caso es irrepetible y tiene particularidades especiales", acotó.

Agregó que el tribunal es vigilante de que se cumplan los procesos "evitando violaciones a los derechos humanos", toda vez que la defensa de Vera Carrizal habría apuntado que su cliente estaba siendo víctima de diversas violaciones e incluso lo calificaron como "preso político". Al respecto, la Presidenta respondió que tanto la víctima como la defensa del acusado tienen elementos para hacer valer sus derechos.

Aclaró que, tras la audiencia en la que se absolvió al acusado, sólo se emitió el fallo, no la sentencia, por lo que no se está juzgando dos veces a una persona por el mismo delito. Lo que hacía falta, precisó, era una nueva fecha para dictar la sentencia.