Juez federal suspende provisionalmente la construcción de la presa Mujer Solteca

Un juez federal ordenó la suspensión provisional de la presa “Mujer Solteca”, un megaproyecto que busca abastecer de agua potable a la ciudad de Oaxaca y área conurbada, informaron representantes de organizaciones que forman parte del Observatorio Comunitario del Agua (OCCAMA).

Yésica Sánchez Maya, coordinadora de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, precisó que la sentencia resultó del amparo que promovieron en contra de la presa y que en su resolución obliga a detener el desarrollo de la obra por no contar con autorizaciones en materia de impacto ambiental regional, permisos de cambio de uso de suelo y no promover mecanismos efectivos de participación ciudadana.

La sentencia fue dirigida a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Comisión Estatal del Agua (Ceabien).

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Sánchez recordó que la presa tendría un sobrecosto que alcanzaría los 30 mil millones de pesos y avanza sin que la ciudadanía cuente con información suficiente sobre su viabilidad ambiental, financiera e hídrica.

“Aunque el Gobierno Federal ha anunciado una inversión de 15 mil 944 millones 815 mil 692 pesos para su construcción, los propios documentos oficiales contemplan además 10 mil 044 millones de pesos en costos de operación y 4 mil 304 millones de pesos en mantenimiento, lo que elevaría el gasto público comprometido a 30 mil 293 millones de pesos durante el periodo 2026-2028”, dijo.

La activista apuntó que ésta inversión se impulsa sin conocer aún los daños que causaría al caudal ecológico del río Atoyac y sin considerar que el río Sola es un afluente deficitario que podría ni si quiera contar con la suficiente agua para cumplir los objetivos del gobierno.

Y recalcó que pese a tratarse de un proyecto cuyo costo total ascendería a 30 mil 293 millones de pesos al incorporar los gastos de construcción, operación y mantenimiento, equivalentes a prácticamente una cuarta parte (24.7%) de los 122 mil 600 millones de pesos anunciados por el Gobierno de México para todo el Plan Nacional Hídrico, la propia Ficha de Valoración Estratégica reconoce que la Manifestación de Impacto Ambiental de la presa sigue en evaluación, que las correspondientes al acueducto y la planta potabilizadora continúan en elaboración y que el avance global de estudios, permisos y autorizaciones ambientales es apenas del 30 por ciento.

Ariel Montes Pérez, de la organización Servicios Comunitarios, agregó que la misma documentación oficial identifica riesgos derivados de una disponibilidad hídrica menor a la proyectada.

E insistió que no existe un proceso amplio de participación pública que permita conocer y discutir los impactos sociales, ambientales y financieros de una obra que comprometería recursos públicos sin precedentes para el estado.

“La falta de información pública completa sobre la viabilidad del proyecto y el incremento sustancial de su costo total obligan a un escrutinio ciudadano y gubernamental mucho más riguroso”, dijo.

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La suspensión obtenida, apuntó, constituye una medida de protección del interés público porque no sólo evita que continúe un proyecto sin cumplir plenamente las obligaciones ambientales previstas en la ley, sino que abre la posibilidad de revisar con transparencia un presupuesto millonario destinado a una sola presa.

Además, aseguró, abre la posibilidad de que ese presupuesto pueda orientarse para fortalecer otras acciones estratégicas que atiendan el desabasto o mala gestión hídrica en Oaxaca, cuando la propia Conagua identifica que sus principales causas son las fugas, la falta de sectorización, el deterioro de las redes de distribución, la contaminación de las fuentes superficiales y las deficiencias operativas del organismo encargado del servicio.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades federales y estatales para cumplir plenamente la resolución judicial, transparentar toda la información técnica y financiera del proyecto y abrir un proceso público de evaluación que permita garantizar que cualquier inversión en infraestructura hídrica responda a criterios de eficiencia, sostenibilidad, participación ciudadana y a la rendición de cuentas.

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