Organizaciones de la sociedad civil de Oaxaca anunciaron una campaña para difundir y visibilizar la información relacionada con el trámite de reconocimiento de identidad de género, el cual es gratuito durante el mes de junio.
La abogada Candi Castellanos explicó que esta iniciativa se debe a que las personas trans y no binarias en el estado, enfrentan retos y barreras sociales para que se les reconozca su identidad en documentos oficiales.
A la fecha, de acuerdo con la especialista, existen barreras que limitan el pleno desarrollo de las personas trans y no binarias en temas de salud, seguro social, educación, entre otras, lo que genera un “abanico de violaciones a los derechos humanos fundamentales para una vida libre de violencias”.
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“Es un tema crucial ya que conecta directamente con la dignidad humana y con la obligación del Estado de garantizar derechos sin discriminación”, apuntó.
El reconocimiento de la identidad de género implica reconocer la existencia plena de las personas trans y no binarias; y la falta de reconocimiento legal genera obstáculos en trámites escolares, laborales, de salud y administrativos.
“En cambio, cuando el Estado respeta la identidad de género, se abren puertas a la educación, al empleo y a la atención médica sin discriminación… No es un favor ni una concesión: es un derecho fundamental que asegura que cada persona pueda vivir con dignidad, sin ser invisibilizada ni violentada”.
Los costos acumulados para este trámite que contemplan la solicitud, copias certificadas, pago de derechos y expedición de nuevas actas, en Oaxaca superan los mil pesos. Para muchas personas trans y no binarias, este gasto resulta prohibitivo y reproduce desigualdades socioeconómicas, discriminación y nulo acceso a derechos básicos. Por esto, sostuvo, que el derecho a la identidad no debería estar condicionado a la capacidad de pago.
Candi Castellanos denunció que la exigencia de múltiples copias certificadas y trámites duplicados refleja un exceso de formalismo administrativo. En lugar de simplificar el acceso, abundó, se multiplica la carga burocrática, lo que puede desalentar o retrasar el ejercicio del derecho fundamental a la identidad de género y al abanico de derechos que se les niegan.
La obligación de remitir expedientes y copias a distintas instancias, sostuvo, muestra una lógica de control más que de garantía.
A lo anterior, dijo, se suma que el requisito de comprobante de domicilio y de identificación oficial puede excluir a personas en situación de movilidad, migración o precariedad documental, se mantiene una visión estatal que privilegia la "certeza registral" sobre la dignidad y autonomía de las personas. Y el trámite, aunque legalmente reconocido, sigue operando bajo un paradigma de sospecha y vigilancia hacia quienes buscan ejercer su derecho.
“El trámite de reconocimiento de identidad de género en Oaxaca revela un trasfondo político-social que merece cuestionamiento crítico. Aunque el procedimiento representa un avance en el reconocimiento formal de derechos, las condiciones impuestas generan barreras materiales y simbólicas que contradicen el principio pro persona y la obligación estatal de garantizar igualdad sustantiva”, sentenció.
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