La diputada local por el partido Morena, María Eulalia Velasco Ramírez, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación de Oaxaca en la que se obliga al gobierno contratar maestros sustitutos durante los paros de labores o huelgas del magisterio.
Esta propuesta, según la legisladora, tiene el objetivo de dar continuidad al servicio educativo “implementando mecanismos de respuesta inmediata ante cualquier suspensión o interrupción de las actividades docentes”.
En Oaxaca, cada año la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) realiza paros de labores como parte de su estrategia para lograr respuesta a sus demandas laborales. Estos paros se realizan de manera escalonada e inician de 24 horas, luego 48 y 72 horas, hasta la suspensión indefinida, según la solución a sus demandas. Este año, se prolongó por un mes y tuvo impacto principalmente en escuelas de educación básica.
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Pero no es el único sindicato que va a huelga en el estado. Continuamente se registran paros en diferentes instituciones educativas del nivel medio superior y superior, como en la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO).
La legisladora morenista Eulalia Velasco, madre de la secretaria de Turismo, Saymi Pineda, aseguró que el objetivo central de su iniciativa es salvaguardar el derecho a la educación bajo el principio del interés superior de la niñez, y faculta al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) a adoptar medidas administrativas, académicas y extraordinarias si el servicio se ve afectado por cualquier circunstancia.
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“La iniciativa contempla que, cuando la suspensión de clases derive de la ausencia injustificada del personal docente o de la negativa a desempeñar sus funciones, y existan condiciones garantizadas por las autoridades competentes, municipales o la comunidad escolar, el Estado deba intervenir de forma expedita”.
Entre las acciones autorizadas, se establece en la iniciativa, se incluye la designación inmediata de personal docente sustituto, la habilitación de sedes extraordinarias de atención presencial en instalaciones cercanas o el desarrollo de estrategias académicas para evitar la pérdida del ciclo escolar.
“El Proyecto de Decreto pone especial énfasis en la justicia social para los sectores más vulnerables. El documento mandata expresamente que, en comunidades rurales, indígenas o zonas con acceso limitado a las tecnologías de la información, la autoridad educativa deberá privilegiar siempre la modalidad presencial, asegurando que ninguna brecha digital detenga el aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes”.
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