
Para la AMIO, esta determinación de los diputados locales no parte del análisis del contexto, cuidado e integridad de las mujeres que habitan en los 417 municipios que se rigen por sistemas normativos internos, así como en las agencias municipales, de policía y núcleos rurales.
“Si bien, algunas mujeres indígenas recibirán esta disposición como una medida de avanzada, mientras que, para otras representará una carga adicional que en algunos casos se traduce en distintas expresiones de violencia, aunado a los impactos de las desigualdades socioeconómicas y estructurales, sin que existan estrategias de Estado que garanticen el libre ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres indígenas”, explicó.
También exigió que el Estado a través de sus instituciones, deje de regular, validar e invalidar los procesos autonómicos de elección de sus autoridades a partir del criterio numérico de integración paritaria de los Cabildos.
“Demandamos se tomen en cuenta todos los cargos comunitarios que ejercemos las mujeres, por ejemplo, tesoreras, secretarias, auxiliares, comités, entre otros, pues para nosotras, representa el ejercicio de un derecho político que ponemos al servicio de la vida comunitaria”.
De igual manera demandó acciones concretas referentes a información sin presiones mediáticas, verticales y/o aleccionadoras en torno al ejercicio de nuestros derechos políticos.
“Por ello, solicitamos información en nuestras lenguas, con pertinencia intercultural y antirracista; clara y precisa; en un marco de respeto y libre de discriminación”.
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