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Lo anterior lo asegura César Morales Niño, exdiputado local, quien fue el único que se atrevió a pedir cuentas a Javier Lazcano, titular de dicha dependencia quien fue detenido este martes en la Ciudad de México, acusado del delito de “uso Ilícito de atribuciones y facultades”, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).
Según el hoy exlegislador, en el caso de la obra vial de Símbolos Patrios, ésta no tenían ningún tipo de justificación, no contaban con un proyecto ejecutivo y fue asignada a una empresa de Carlos Slim, que no hizo ningún trabajo y recurrió a la subcontratación.
Pero, además, sostiene, no es la única obra pública ejecutada por Sinfra por la que deba ser imputado el exsecretario de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial, sino que también debe ser investigado y procesado por las obras inconclusas y sin planeación que se realizaron en el Centro de Convenciones de Huatulco, en el teatro “Álvaro Carrillo” y en las riberas del río Atoyac.
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Todas estas obras, entre otras, fueron realizadas con recursos de una deuda pública adquirida por el gobierno de Oaxaca con autorización de la 64 Legislatura del Congreso de Oaxaca, por la cantidad de 3 mil 500 millones de pesos.
“Es algo verdaderamente vergonzoso lo que pasó con Símbolos Patrios”, asegura para referirse también al proceso de licitación de la obra.
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“La obra la hacen los oaxaqueños, pero no porque sea muy buena gente ICA o Sinfra, o sea, el consuelo para los oaxaqueños es que fueron subcontratados por las empresas que ganaron las supuestas licitaciones, pero entonces las que hacían la chamba eran las empresas oaxaqueñas y las que se llevaban las ganancias eran las firmas foráneas, las grandes empresas. Ese era el gran negocio en Oaxaca en el sexenio pasado”.
De hecho, Carlos Slim asistió a la inauguración del Centro Cultural Álvaro Carrillo, pese a que la obra no estaba concluida. Según César Morales Niño, este proyecto también se realizó sin ningún tipo de planeación o proyecto ejecutivo.
Y esto sucedió, explica, porque se cayeron las intenciones de Alejandro Murat de mover la Octava Zona Militar a otra región del estado y echar andar sobre esos terrenos inversiones públicas por un monto de mil 500 millones de pesos, con el fin de que se conviertiera en una zona para empresas inmobiliarias.
Luego de que los altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) rechazaron la oferta de Murat, sus exfuncionarios recurrieron a la “improvisación” con otras obras de “supuesto impacto”, apunta.
El exdiputado celebra la aprehensión de Javier Lazcano; pero advierte que se debe estar vigilante del Poder Judicial para evitar que logre salir de la cárcel. También, recalca que debe garantizarse que se devuelva el dinero robado. “Porque luego duran un año o dos años en prisión, y salen libres para disfrutar en la impunidad todo ese dinero”.
También considera que debe investigarse a las empresas y dueños de las mismas que recibieron los pagos indebidos por más de 50 millones de pesos, así como por las irregularidades y mala ejecución de las obras.
