La última vez que el municipio cuenqueño tuvo un enlace directo con la DDHPO fue en el 2015, cuando el responsable de la cabecera regional recibió amenazas de muerte tras realizar inspecciones al Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Tuxtepec, dependiente de la Dirección General de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), según consta en la averiguación previa 543/(STDAI)/2015.
“No hay condiciones, ni recursos para establecer una oficina en Tuxtepec”, dijo el ahora titular de la Fiscalía General del Estado (FGEO) en 2019, a pesar de contar con un presupuesto anual de 40 millones 604 mil 284 pesos, según el presupuesto de egresos de ese año, y un total de 160 millones de pesos en los cuatro años siguientes.
Para Pablo Chávez Zavaleta, coordinador jurídico del Comité Regional de Derechos Humanos Mahatma Gandhi, el asunto de la inseguridad, el recurso y la ausencia de la Defensoría Estatal es un tema de negligencia y olvido institucional.
“No puede ser que en siete años no haya habido la voluntad política de un organismo que maneja tanto dinero. En la época más complicada por la violencia la defensoría dejó solas a las víctimas y sucedió lo de siempre: la centralización del poder y la falta de mirada a las regiones de Oaxaca”, expuso el defensor local.
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