La propuesta de reforma plantea modificaciones y adhesiones a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca, a la Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, al Código Penal para el Estado de Oaxaca, a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca y a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.
También destacó que es punitiva con el objetivo de que haya castigo y sanciones que no se establecen en ninguna otra ley, lo que permite que haya corrupción e impunidad en 98% de los casos: “Pensamos que con una acción punitiva, se puede romper esa impunidad”.
Una de las sanciones, consiste en la inhabilitación de servicios públicos y se colocan como faltas graves.
La reforma propuesta señala que “cuando las autoridades requeridas incumplan con la obligación prevista en el párrador anterior, la defensoría deberá iniciar de oficio un expediente de queja, cuando la omisión de la autoridad puede implicar violación a derechos humanos, dar vista al órgano de control interno e interponer denuncia penal por abuso de autoridad y los demás delitos que puedan configurarse”.
La dirigente de Consorcio Oaxaca advirtió que la iniciativa surge también luego de percatarse que no era suficiente la voluntad política o las manifestaciones en las calles para proteger y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a defender los derechos humanos en el estado, sino que también era necesario un sistema normativo para hacer funcionar a las instituciones que ya existen.
Tanto las organizaciones civiles y los periodistas que respaldan la iniciativa, confiaron en que la 65 Legislatura del Congreso del Estado cumpla con su compromiso, para transitar estas reformas que pueden hacer frente a la realidad que vive Oaxaca.

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