Periodistas y 38 organizaciones de Oaxaca presentan iniciativa a favor de informadores y defensores
La iniciativa plantea armonizar cinco leyes que ya existen sobre el tema, agregando el elemento punitivo, con castigos y sanciones que no se establecen en ninguna otra ley
Oaxaca de Juárez.- Periodistas y organizaciones de la sociedad civil llevaron a cabo un conversatorio y acordaron impulsar la iniciativa ciudadana que reforma diversas leyes de Oaxaca para proteger y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a defender los derechos humanos en el estado, con el establecimiento – entre otras elementos – de sanciones o acciones punitivas contra servidores públicos y particulares.
Durante el conversatorio, Marcos Leyva Madrid, de Servicios para una Educación Alternativa (Educa), detalló que la iniciativa se creó a partir de la situación por la que pasan personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el estado, donde los registros advierten, por ejemplo, cerca de 200 agresiones contra periodistas desde el año 2018 y 15 asesinatos de periodistas en una década.
La propuesta de reforma plantea modificaciones y adhesiones a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca, a la Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, al Código Penal para el Estado de Oaxaca, a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca y a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.
#EnVideo “Es momento de que la sociedad y los periodistas tengamos agenda en común (…) no queremos una ley que sea un fideicomiso, que sirva para comprar la caja cuando matan a un compañero”, dice Antonio Mundaca en conversatorio sobre nuevo sistema de protección
Mario Mtz. pic.twitter.com/tNtrm6KAjE
— El Universal Oaxaca (@ElUniversalOax) April 19, 2023
El activista aclaró que la iniciativa no pretende generar una nueva institución ad hoc, sino armonizar cinco leyes que ya existen en la entidad. Con ello, en la práctica se crea un sistema de protección a periodistas y personas defensoras, sin que esto implique la asignación de recursos públicos.
También destacó que es punitiva con el objetivo de que haya castigo y sanciones que no se establecen en ninguna otra ley, lo que permite que haya corrupción e impunidad en 98% de los casos: “Pensamos que con una acción punitiva, se puede romper esa impunidad”.
Una de las sanciones, consiste en la inhabilitación de servicios públicos y se colocan como faltas graves.
Yésica Sánchez Maya, de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, destacó que este paquete de reformas establece un tipo penal para los casos en que se atente u obstruya la libertad de expresión, el ejercicio periodístico y el derecho de las personas defensoras de derechos humanos o de la protección de los derechos humanos.
Además, se dota de “dientes” a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) para interponer denuncias.
La reforma propuesta señala que “cuando las autoridades requeridas incumplan con la obligación prevista en el párrador anterior, la defensoría deberá iniciar de oficio un expediente de queja, cuando la omisión de la autoridad puede implicar violación a derechos humanos, dar vista al órgano de control interno e interponer denuncia penal por abuso de autoridad y los demás delitos que puedan configurarse”.
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La dirigente de Consorcio Oaxaca advirtió que la iniciativa surge también luego de percatarse que no era suficiente la voluntad política o las manifestaciones en las calles para proteger y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a defender los derechos humanos en el estado, sino que también era necesario un sistema normativo para hacer funcionar a las instituciones que ya existen.
Tanto las organizaciones civiles y los periodistas que respaldan la iniciativa, confiaron en que la 65 Legislatura del Congreso del Estado cumpla con su compromiso, para transitar estas reformas que pueden hacer frente a la realidad que vive Oaxaca.
La iniciativa es respaldada por 38 organizaciones de la sociedad civil, por el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) del gobierno federal, Enrique Irazoque Palazuelos, y por la DDHPO.
