Más Información
En su propuesta también pide al Consejo de la Judicatura Federal que vigile el actuar de los jueces a cargo de estos casos para que se apeguen a los principios de honradez, imparcialidad, legalidad, lealtad y eficiencia.
En el documento presentado por la legisladora petista, además, exhorta al Fiscal General del Estadio de Oaxaca (FGEO) a que ejerza acción penal sobre las 200 carpetas de investigación en contra de fedatarios públicos y solicitar órdenes de aprehensión anunciadas el 30 de agosto en la comparecencia ante el Congreso del Estado.
La diputada recordó que después de varios años de denuncias públicas, demandas y quejas, el Congreso del Estado de Oaxaca llamó a comparecer al entonces Fiscal General el 30 de agosto del año 2022 quien aceptó que se encuentran mil 467 carpetas de investigación abiertas por los delitos de despojo de inmuebles, delitos contra el patrimonio y suplantación de identidad, de las cuales 200 son en contra de notarios.
Margarita García apuntó que el mismo el Fiscal Especial en Materia de Combate a la Corrupción confirmó que existen cinco carpetas de investigación contra funcionarios del Instituto Catastral y del Registro Civil por los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, ejercicio ilícito del servicio público, falsificación de documentos, fraude específico y suplantación de identidad, relacionados con el despojo de bienes en Oaxaca.
“Ahora bien, confirmado estos hechos denunciados ante esta soberanía desde hace dos años, el pasado 15 de septiembre de 2022 en la mañanera del Presidente, el entonces subsecretario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja detalló cómo opera este grupo criminal, señalando que el asesinato del Magistrado Enrique Pacheco Martínez está vinculado con despojo de bienes inmuebles y con ello, el peligro que corren las víctimas de este delito”, agregó.
“Como legisladores y garantes del cumplimiento de la ley, no podemos seguir permitiendo que este tipo de injusticias y actos de corrupción se sigan maquinando desde oficinas de gobierno que se crearon para garantizar derechos fundamentales del ser humano, sobre todo por la afectación que se da al patrimonio, a las familias y a las personas”, sentenció.
