Por no tener escrituras, en Juchitán 180 colonias populares viven como rehenes de líderes políticos de Oaxaca

Juchitán.— Entre viviendas de dos plantas de acabados semilujosos, modestas casas en construcción, pequeñas misceláneas protegidas por rejillas metálicas y en medio de amplios lotes enmontados, surgen las leyendas: en esta colonia, a los fundadores los descuartizaron...  y en aquella otra, los desaparecieron.

La larga batalla política por el control de las llamadas colonias populares de Juchitán construyó en el imaginario social un escenario de sangrientas venganzas que poco a poco fueron cediendo con la configuración de acuerdos políticos; sin embargo, el miedo prevalece entre los colonos. Pocos expresan en público su deseo de que sean libres y cuenten con certeza sobre la propiedad de sus bienes.

“Cuando compré mi parcela en esta colonia, hace 13 años, siempre imaginé que algunos de los líderes nos apoyarían a tramitar la escrituración de nuestras propiedades, hablarían con autoridades estatales y municipales, porque ese proceso de regularización es muy caro. No fue así”, lamenta Arturo, quien pide en voz baja que no se le identifique con su nombre real, por miedo.

 

 

“Hace años, a varios fundadores de colonias los mataron, llegaron otros que pedían cuotas altas o corrían a los demandantes de tierras, ahora son otros, pero siempre quieren controlar a las familias para que apoyen a tal o cual candidato, para que bloqueen o protesten. Esos líderes se aprovechan de nuestra necesidad de vivienda”, denuncia el colono.

Foto: Claus Mendoza

En Juchitán, al igual que en otros municipios del Istmo, como Salina Cruz, Tehuantepec, Ciudad Ixtepec y El Espinal, donde se vivió el fenómeno de la creación de las colonias populares, miles de familias están sometidas al control político y obligadas a obedecer para no perder el patrimonio que les costó construir  décadas de esfuerzo y sacrificio.

Producto de invasiones de tierras, derivadas del clientelismo electoral, y bajo la exigencia de “vivienda digna para los pobres”, en la cabecera municipal de Juchitán hay 180 colonias llamadas populares, donde la gran mayoría de sus habitantes carecen de escrituras que les otorguen certeza jurídica, y más de la mitad de ellas no tiene agua, luz, drenaje o pavimento.

El diagnóstico es del actual director de Colonias del gobierno municipal juchiteco, Pavel Montero López, quien admite que, por la ausencia de certeza jurídica en la posesión de la parcela, muchas familias son víctimas del chantaje de los líderes de todos los colores políticos, para obligarlas a que acudan a las movilizaciones, con la advertencia de que, si no van, serán despojadas de la vivienda.

Los dirigentes políticos y fundadores de 17 colonias que dieron entrevista a EL UNIVERSAL, como el exedil Alberto Reyna, la coordinadora del Grupo de Mujeres 8 de Marzo, Rogelia González,  y el regidor  Delfino Morales, admiten que en sus colonias hay reglamentos que rigen la convivencia, y que si se violan se aplican sanciones, entre ellas la expulsión.

 

 

Vivir sin servicios... 

 

Alrededor de las nueve secciones o barrios tradicionales que conforman el casco urbano de la ciudad zapoteca de Juchitán, están, como enormes cinturones de pobreza, distribuidas las 180 colonias populares que se asentaron en espacios inundables y con dificultades para la dotación de los servicios. En ellas, calculan las autoridades, viven 20 mil personas. 

Los datos oficiales del director de Agencias y Colonias de Juchitán establecen que de las 180 colonias llamadas populares, 75%  fueron producto de las invasiones de tierras particulares y 60% son irregulares porque los colonos ni siquiera cuentan con una constancia de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana de Oaxaca (Coreturo).

Foto: Claus Mendoza

No es un proceso sencillo. Regularizar un lote ubicado en una colonia popular cuesta, y mucho, cuenta David, otro colono que pide no revelar su nombre y quien fue expulsado de la casa que con esfuerzos construyó durante años. La razón fue porque en la elección pasada para renovar al gobierno estatal, aunque apoyó la campaña del morenista Salomón Jara, lo hizo desde otra corriente política.

“Hay que hacer los trámites en la secretaría municipal, ante Coreturo, en Catastro, el notario y el Registro Público”, enumera con desgano. 

Agotados esos trámites, agrega Sofía, otra colona entrevistada, si no enfrentas impedimentos de los líderes, se habrá desembolsado entre 25 mil y 30 mil pesos, a precios de este año.

“Hasta entonces se podría decir que la parcela es parte del patrimonio de mi familia, y podrá ayudar a las finanzas del gobierno municipal porque pagaré el impuesto predial”, señala.

 

 

Eso es relevante porque los habitantes de la gran mayoría de las colonias existentes alrededor del casco urbano de esta ciudad juchiteca, como las primeras que se formaron a partir de 1983, no cuentan con escrituras protocolizadas y no pagan el impuesto predial. Gran parte de esos colonos solamente tiene una constancia de posesión que otorga el ayuntamiento o el líder de la colonia, aseguran.

Foto: Claus Mendoza

 

...Y con incertidumbre 

 

La coordinadora de la colonia Simona Robles, Rogelia González Luis, admite que de las ocho hectáreas de las que disponen las primeras 70 familias de la colonia, fundada hace 10 años, sólo tienen una constancia de posesión otorgada por la asociación civil que adquirió el predio, no por ninguna autoridad legalmente reconocida.

Como en la gran mayoría de las llamadas colonias populares, en la Simona Robles  ningún habitante cuenta con la certeza sobre la posesión de su parcela,  donde tiene construida su vivienda. “Tenemos agua, electricidad y estamos gestionando la pavimentación de las calles  y,  ante la falta de drenaje, las familias tienen fosas sépticas”, dice en entrevista. 

En realidad, la Simona Robles presenta  grandes avances pues,   según los datos del gobierno municipal de Juchitán, en 40% de las 180 colonias populares no hay agua, luz, drenaje ni calles pavimentadas.

Foto: Claus Mendoza

El expresidente municipal de Juchitán, Alberto Reyna Figueroa (2005-2007), actual funcionario del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), admite que es fundador de 10 colonias, pero aclara que todas fueron compradas, algunas con ayuda gubernamental, pero ninguna fue invadida. Ningún colono, reconoce, tiene títulos de propiedad, sólo la constancia de posesión.

Delfino Morales Felipe, regidor del ayuntamiento juchiteco —y como todos los dirigentes de la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (Cocei)—, revela que es fundador de seis colonias en las que ningún habitante cuenta con títulos de propiedad, sino solamente con las constancias de posesión expedidas por Coreturo o por las autoridades municipales. 

 

Colonos libres

 

“En Juchitán tenemos el interés de presentarle al próximo gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, un proyecto para que todas esas colonias llamadas populares se regularicen por varias razones: para que la gente tenga certidumbre sobre su propiedad y para que deje de ser manipulada o chantajeada, para que sean colonos libres”, señala el director de Agencias y Colonias a EL UNIVERSAL.

Se trata de una labor monumental, según las propias dependencias de gobierno, pues de acuerdo con cifras de Vicente Blas, titular de la oficina del Instituto de la Función Registral de Juchitán, donde Coreturo tramita los títulos de propiedad, en lo que va de este año, solamente se expidieron 150 expedientes solicitados por Coreturo, una cifra muy pequeña, añadió, comparada con el número de colonias populares de Juchitán.

Foto: Claus Mendoza

“Lamentablemente, los dirigentes del PRI, de la Cocei, del Frente de Comunidades Unidas de Oaxaca (FUCO) y de las expresiones o grupos políticos que fundaron los expresidentes municipales de Juchitán, se resisten a ese proceso de regularización porque saben que se les acabarán el control político y las ganancias económicas”, asegura el director de Agencias y Colonias de Juchitán, Pavel Montero.

 

 

Mientras tanto, las 20 mil personas que habitan de manera irregular estas colonias padecen lo mismo la incertidumbre de vivir en una tierra que no pueden llamar propia, las presiones y amenzas  de grupos y dirigentes políticos, y el estigma de vivir y crecer en asentamientos populares que llevan décadas sin ser regularizados.